Colombia ante los restos del Acuerdo de Paz cinco años después
A juicio de expertos, el país enfrenta una situación crítica con su implementación y los avances no superan el 20 por ciento de lo acordado.
El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, valoró este lunes que, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el país enfrenta una situación crítica con su implementación y los avances no superan el 20 por ciento de lo acordado.
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El promotor de paz declaró a medios de prensa que, en lugar de avanzar en lo pactado, el Gobierno del presidente Iván Duque y su partido político (Centro Democrático) avivan “dinámicas de guerra, discursos de odio y desconocimiento de la legitimidad de los acuerdos”.
Unos días después que el propio Duque calificara el acuerdo como “frágil” ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, González Posso alertó que en el país se continúan reproduciendo violencias, manifiestas en sistemáticos asesinatos de líderes sociales, masacres y el incremento de los grupos paramilitares, entre otros.
��#ComunicadoPúblico
— Reincorporación Comunes (@CNRCOMUNES) September 27, 2021
La oposición a la implementación no está en las y los firmantes. Seguimos comprometidos y #FirmesConLaPaz pic.twitter.com/clwIrmkhv9
Luego de un extenso diálogo en la capital cubana, La Habana, las partes acordaron realizar una reforma rural integral, ampliar la participación política, finalizar la guerra, resolver el problema del narcotráfico, brindar reparación a las víctimas, así como la implementación, verificación y refrendación de lo negociado.
Tierra ancha y ajena
El coordinador político del Instituto Krok (Universidad de Notre Dame, EE.UU.), Daniel Cano, consideró que la reforma rural integral y el acceso a tierras por campesinos pobres y comunidades indígenas enfrenta los mayores contratiempos.
Se previó entregar 3 millones de hectáreas. Según el sexto informe de seguimiento a lo implementado, presentado en enero de 2021 por senadores y representantes independientes y de la oposición, solo se ha asignado el 0,08 por ciento de esa cifra.
Aunque no hay avances en la Reforma Rural Integral ni en la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la reincorporación comunitaria está desfinanciada.
— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) September 26, 2021
Sepan que no cesaremos en la lucha por implementar integralmente el Acuerdo de Paz. Ese es nuestro mayor anhelo. pic.twitter.com/fhzf1y5gbg
El drama de los cultivos ilícitos
El reporte agrega que son insuficientes los avances en crear infraestructuras (viviendas, escuelas, centros de salud, redes para proveer agua y electricidad, vías de comunicación, sistemas de riego, etc.) que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población rural, así como diversificar y comercializar rubros agrícolas que permitan dar la espalda a los cultivos ilícitos.
Precisa que en lo concerniente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), únicamente el 5,3 por ciento de las familias vinculadas a él cuenta con proyecto productivo que concrete la aspiración de no depender de estos para ganar el sustento.
Respecto a la erradicación de esos cultivos, de los 170 municipios más afectados por la violencia a nivel nacional, solo en 66 se reportan más hectáreas erradicadas que sembradas.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de droga creció y alcanzó cifras entre 1.200 y 2.000 toneladas en el periodo 2018-2021.
De la bala al voto
Expertos coinciden en que un avance del Acuerdo de Paz fue la desmovilización de miles de combatientes de las FARC-EP, aunque señalan que 2.500 de ellos no se acogieron al pacto y aún operan en áreas con elevados índices de violencia.
Primer quinquenio del Acuerdo de Paz. Colombia hoy no es la misma del 2016. El pueblo ha despertado y se erige como una nación en procura de la construcción de la paz estable y duradera. https://t.co/pIc5LCdp8L
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 28, 2021
A juicio de observadores, relevante fue el nacimiento del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), luego devenido Comunes.
También concita reconocimiento la creación de espacios para verificar lo implementado, algunos con notable desempeño, como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Reproducción de violencias
De acuerdo con Indepaz, desde el inicio del proceso de dejación de armas, han sido asesinados 286 excombatientes de las FARC-EP que regresaban a la vida civil, muchos de ellos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
En opinión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi), formada por miembros de la antigua guerrilla y del Gobierno, este casi no actúa para esclarecer los asesinatos y desarticular a las estructuras que figuran detrás de ellos, lo que permite que queden impunes.
#UnBalanceDelAcuerdo es la tétrica cifra de 286 hombres y mujeres que dejaron todo por la PAZ y que fueron asesinados. pic.twitter.com/qbWg48SHfK
— Soy Bogotá (@BogotaSoy) September 27, 2021
Entre noviembre de 2016 y abril de 2021 fueron asesinados 1.116 líderes sociales. Indepaz precisa que 768 de ellos han sido ultimados durante los tres años del Gobierno de Iván Duque.
Según datos de Indepaz, en 2020 se registraron 91 masacres que totalizaron 381 víctimas. Hasta el 21 de septiembre pasado, el país exhibía la dantesca estadística de 72 masacres con 258 fallecidos.
El Centro Internacional de Monitoreo de Desplazamientos informó que hasta diciembre de 2020 en Colombia se contabilizaban 4.9 millones de desplazados y de ellos, 100.000 se originaron durante 2020.
Indepaz agrega que en el país operan 3.500 efectivos paramilitares, y señala que originalmente combatían a la guerrilla pero ahora tratan de controlar el tráfico de drogas y otros negocios ilegales, como la minería y la trata de personas.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas de Colombia, entre 2016 y 2021 se contaron 864.815 nuevas víctimas del conflicto. Se trata de personas que han sido objeto de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas.
Hasta enero de 2021, solo se había indemnizado administrativamente al 15,1 por ciento de la población que de algún modo fue víctima del conflicto armado. Según senadores y representantes, a ese ritmo el Gobierno de Colombia demorará 57.7 años para indemnizar a todas las víctimas.