La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México atrajo el caso de la migrante salvadoreña Victoria Salazar que fue asesinada tras ser sometida por oficiales de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, en Quintana Roo, en un caso de brutalidad policial.

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El organismo expresó en un comunicado que “los lamentables hechos, ocurridos la tarde del sábado 27 de marzo, ameritaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, por probable uso excesivo de la fuerza”.

De igual forma, destacó que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo comenzó una investigación por el delito de homicidio, en “en agravio de una mujer de identidad reservada, en donde participaron elementos de la policía municipal”.

La CDNH subrayó que estos hechos "inciden en la opinión pública nacional, y con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, así como de la Fiscalía General de Justicia de ese estado, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos", formarán parte de un expediente de queja.

"Este organismo autónomo reitera que la violencia contra las mujeres se desarrolla en un marco de impunidad social, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarles una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos", continúa el documento.

"Al tratarse de una mujer víctima del uso excesivo de la fuerza pública, debe recordarse que los derechos de las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, los cuales se encuentran contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)".

Además de "la Convención sobre los Derechos de la Niñez; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia", señaló.

El Organismo ratificó que emitirá el pronunciamiento que corresponda conforme al derecho. Hasta el momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, la Fiscalía General del mismo estado, así como la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum fueron notificadas con el acuerdo de radicación de oficio y atracción.