Legisladores de Chile proponen encarcelar a extranjeros irregulares
Sin embargo, el jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP), Carlos Mora Jano, argumentó que la medida de encarcelamiento resulta excepcionalísima a la luz de lo que actualmente señala la ley chilena.
Parlamentarios chilenos anunciaron el jueves que presentarán una iniciativa para que todos los extranjeros indocumentados que cometan un delito queden en prisión preventiva por el tiempo que sea necesario hasta conocer su verdadera identidad.
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De acuerdo a los parlamentarios, la propuesta se basa en la argumentación de "que existe alto riesgo de fuga", por lo cual buscan obligar a jueces a decretar prisión preventiva a extranjeros indocumentados que cometan delitos.
Justificaron su propuesta a partir de lo que denominaron la "descontrolada migración irregular en Chile [la cual] ha provocado que un número indeterminado de extranjeros ingresen con el único propósito de delinquir".
Según explicaron los parlamentarios, el proyecto apunta a establecer que "cuando un extranjero esté siendo imputado por un delito, se presumirá que su eventual libertad podría implicar un peligro de fuga y, por consiguiente, terminaría afectando gravemente la investigación del Ministerio Público y una posible condena".
Ese fue el resultado del instructivo general anunciado hace una semana por el fiscal nacional, Ángel Valencia, luego del asesinato de un suboficial de Carabineros, Daniel Palma. Valencia defendió establecer esa medida cautelar.
Sin embargo, el jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP), Carlos Mora Jano, argumentó que la medida de encarcelamiento resulta excepcionalísima a la luz de lo que actualmente señala la ley chilena y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
Además de apuntar que las políticas de persecución penal las fija el Ministerio Público, Mora Jano puso énfasis en que la prisión preventiva solo opera cuando se combinan la existencia de delitos y la necesidad de cautela, por lo que aplicarla tal como lo ha defendido Valencia generaría efectos contraproducentes para el sistema penal.
Asimismo, la Corte Suprema sostuvo que las medidas cautelares seguirán siendo evaluadas "caso a caso". Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, Mariela Hernández, reafirmó que para los jueces "no hay cambio" tras la aplicación del instructivo, dado que se aplica "la ley vigente" en cada veredicto.