La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indicó este lunes que siguen registrándose violaciones de los derechos humanos en Chile y que “persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a Justicia”, a dos años del estallido social de octubre de 2019.

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“La escopeta antidisturbios con munición menos letal fue utilizada consistentemente por Carabineros de Chile de una forma indiscriminada o sin un objetivo claro, dirigiéndose  la  munición directamente hacia zonas de alta letalidad como la cabeza y el tórax”, indica el informe.

Aunque calificó de “forma indebida” de usar la  escopeta  antidisturbios, la investigación indica que disminuyó su uso, y se potenció otros medios represivos como “el  gas lacrimógeno  –con  carabinas  y  vehículos  lanza gases, así como  granadas  de  mano lacrimógenas–  muchas  veces  de  forma desproporcionada”.

Naciones Unidas indica que se produjeron nuevos casos de uso de la fuerza “incompatibles” con los derechos humanos. La observación de las Naciones Unidas citó ejemplos de la violencia policial como el caso de Fabiola  Campillai, quien recibió el  impacto de  un  proyectil  de gas lacrimógeno percutado perdiendo la visión en ambos ojos, el olfato y el gusto.

De igual manera, una adolescente de 15 años de edad estuvo en coma durante cinco días y se  estima que quedará con lesiones y daños de por vida. 

Por su parte,  el representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Jan Jarab declaró que “la demora en los procesos judiciales genera en las víctimas una sensación de desamparo”, en un contexto donde organizaciones y activistas chilenos exigen aún la libertad de los presos políticos del estallido social.  

“Se sienten afectadas las personas por la falta de reconocimiento expreso del Estado de que se han cometido violaciones de Derechos Humanos”,  y en donde todavía el gobierno “no ha ofrecido disculpas públicas a las víctimas”, declaró Jarab.

Organizaciones sociales registran en Chile un total de 56 muertes, 460 personas con daño ocular, y miles con impactos de perdigones. Este viernes la Comisión chilena de Derechos Humanos denunció la detención ilegal por carabineros de la defensora Eliana Arias Bustos,  el mismo día en que es presentado el informe.