El rechazo popular a las políticas sociales implementadas por el Gobierno que preside Sebastián Piñera en Chile cumple este miércoles dos meses, tras protestas masivas en varias localidades del país que piden la renuncia del mandatario y una nueva Constitución inclusiva.

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El estallido social inició el pasado 18 de octubre cuando, principalmente, grupos estudiantiles se movilizaron para rechazar el aumento del precio del pasaje de Metro y fueron fuertemente reprimidos por Carabineros (policía militar), un descontento que se sumó a otras áreas.

Ante las demandas del pueblo, el Gobierno ha elaborado una agenda social que otorga determinadas mejoras en algunas de las exigencias, sin embargo, no cumplen con lo que piden los manifestantes que desean un cambio en la política económica y social chilena.

“El Gobierno sigue sin entender lo que demandan los manifestantes, nos da bonos y migajas para amortiguar las protestas”, afirmó la estudiante universitaria Francisca Videla.

Durante estos dos meses diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han denunciado las violaciones cometidas por los Carabineros, quienes reprimen violentamente a los participantes en las protestas, pese a ser convocatorias pacíficas.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humano de Chile, hasta el pasado 6 de diciembre se registraron 3.449 personas heridas; unas 352 con lesiones oculares, entre ellas 331 con trauma y 21 con estallido o pérdida; así como 1.983 que recibieron disparos.

De estos últimos, 1.554 recibieron impactos de perdigones, 198 de objetos no identificados, 180 de balín y otros 51 de bala. Pese a las denuncias presentadas, el Gobierno de Piñera continúa reprimiendo las protestas y aumentan las violaciones de derechos humanos en Chile.