La causa por las escuchas ilegales en el caso de Santiago Maldonado, el joven desaparecido tras una represión de la Gendarmería Nacional a los mapuches, llegó a la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

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Entre el 5 y 22 de septiembre de 2017, fueron intervenidas las conversaciones telefónicas entre Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y miembros de la comunidad mapuche, como Claudina Pilquiman. Las escuchas ilegales fueron ordenadas por el juez federal Guido Otranto y la fiscal federal subrogante Silvina Ávila, durante el transcurso del habeas corpus en el caso del joven.

El hermano de Santiago Maldonado aseguró que son "víctimas de una metodología que, implementada por el Ministerio de Seguridad, combina espionaje de las fuerzas, un brazo judicial con jueces y fiscales presionados que investigan a las víctimas en lugar de investigar a los culpables y una estructura de medios y periodistas especializados en desviar los temas y sembrar noticias falsas".

Las escuchas ilegales se detuvieron cuando Gustavo Lleral reemplazó a Otranto en la causa Maldonado, pero el material fue utilizado por el Gobierno de Mauricio Macri para su ofensiva contra los mapuches.

En mayo de 2018, el juez federal Gustavo Lleral calificó de ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Sergio Maldonado y a testigos de la causa por la desaparición forzada de Santiago. Además, dispuso la destrucción del material y declaró la nulidad de la información obtenida por esa vía. 

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 en el marco de un operativo represivo contra una manifestación de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia argentina del Chubut. El paradero del joven mochilero se desconoció durante 78 días hasta que su cuerpo en el río Chubut, lugar que ya había sido registrado durante esos tres meses.