Alertan aumento de asesinatos a residentes rurales en Brasil
Los conflictos por tierra, agua y la explotación minera provocan el incremento de muertes y desalojos en la zona rural.
La Comisión de Pastoral de la Tierra (CPT) reportó este lunes que el número de asesinatos y de ataques en el contexto de conflictos por la tierra aumentaron en un 95 por ciento y un 1.100 por ciento, respectivamente, en su balance más reciente en la zona de Roraima.
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El informe anual expone que en el período 2020-2021, las muertes por conflictos aumentaron de nueve a 109; de ellas, 101 fueron víctimas de la explotación minera y se encontraban en territorio yanomaní en Roraima.
El total de conflictos registrados alcanza la cifra de 1.768, aludiendo a enfrentamientos entre hacendados y trabajadores por tierra, agua o de otra índole laboral.
Si bien, esta cifra representa un 14 por ciento menos que los declarados en 2020, el reporte alerta que a pesar de la caída en los números con respecto al año anterior, se identifica "una tendencia de agravamiento de los conflictos y de las violencias desde la toma de posesión del Gobierno Bolsonaro".
Las muertes por conflictos en el campo crecieron 1100% el 2021 en Brasil, según la Comisión Pastoral de la Tierra. También aumentaron las violaciones, desalojos, ejecuciones y masacres. El informe liga la violencia a intereses del agronegocio y a la ausencia del gobierno federal. pic.twitter.com/qMcPKjCz8U
— André Vieira (@AndreteleSUR) April 18, 2022
El centro de Documentación Dom Tomás Balduíno (Cedoc-CPT) registró 35 asesinatos, lo que representa un aumento del 95 por ciento con respecto al año 2020. Las zonas con mayor implicación fueron Rondônia y Maranhão, en la Amazonía Legal.
Asimismo, el Cedoc-CPT detalla que entre los recientes asesinados se reportan cinco personas de la comunidad sexo diverso, nueve del Movimiento Sin Tierra y un joven indígena. Además, fueron torturados 13 trabajadores, mientras que 75 fueron agredidos, al mismo tiempo, se contabilizan 1.726 trabajadores en sometimiento, cifra que supera un 113 por ciento los casos identificados en 2020 por el CPT.
El informe esclarece que "esos delitos de homicidio son deliberados y alcanzan notoriamente a líderes de comunidades y sindicalistas, que resisten a la usurpación".
A escala familiar, se realizaron 50 embargos y ocupaciones que afectaron a 4.761 núcleos, mientras que 164.782 familias se vieron afectadas y de ellas, 17.706 sufrieron desalojo.
Vale precisar que el agua se mantiene entre los principales motivos de conflictos que derivó en la afectación de 56.135 familias, sobre todo en la provincia de Bahía y en las regiones del Nordeste y el Norte.
Los pobladores de estos territorios también se enfrentan "a la deforestación, del pasto y de la soja, siempre rumbo al norte, en una verdadera cruzada de saqueo (deforestación y minería), apropiación ilícita de tierras públicas ("grilagem") y violencia física" , como señala el informe en cuestión.
Los datos publicados muestran una ola de violencia en la ruralidad generada como resultado de la explotación y la resistencia de los trabajadores, y que no encuentra atención federal debido a los intereses agrocomerciales que priman en esos territorios.