El Gobierno de Bolivia anunció este juves el envío al Legislativo de un proyecto de ley que propone sancionar el robo en flagrancia con una sentencia de siete años de prisión sin derecho a indulto, y sentenciar a los acusados en procesos sumarios para reducir la inseguridad ciudadana.

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En un acto en la casa de Gobierno en La Paz, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó el proyecto de ley "Lo ajeno no se toca", al que asistieron el presidente del país, Luis Arce, así como autoridades nacionales, jefes policiales, funcionarios y sindicalistas cercanos al Ejecutivo.

Arce enfatizó la importancia de luchar contra el "robo menor", que sería controlado por cámaras de seguridad, debido al aumento de la delincuencia en las ciudades y zonas rurales, así como la falta de castigo en relación a estos delitos.

Hoy en Casa Grande del Pueblo presentamos el proyecto de ley "Lo ajeno no se toca", que es el resultado de un arduo trabajo de nuestro Ministerio de Gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana del pueblo boliviano.

Esta norma permitirá sancionar de manera oportuna esos… pic.twitter.com/7x5nVfecNo

— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 9, 2024

El líder del gobierno expresó su pesar por la falta de efectividad de la legislación actual en la sanción de estos delitos, y enfatizó la relevancia del plan propuesto, el cual garantizará que los infractores sean castigados de manera oportuna y ejemplar.

El proyecto incluye el delito de "apoderamiento flagrante de cosa ajena", el cual se castigará con siete años de prisión sin posibilidad de indulto y dos años más en caso de reincidir.

La nueva regla permite que los agentes de policía y particulares arresten a aquellos que sean descubiertos robando "en flagrancia" o sean identificados por cámaras de seguridad, indicó.

Además, se eliminará la necesidad de que la Fiscalía emita acusaciones, ya que se llevará a cabo un "procedimiento sumarísimo penal" en el que solo habrá una audiencia en la que se emitirá la sentencia, afirmó.

Se planea establecer una unidad de inteligencia "contra el robo" con el fin de infiltrar a agentes en mercados populares y lugares públicos donde se registra una alta tasa de criminalidad.

Del Castillo explicó que en la actualidad, aquellos que cometen estos delitos "hacen uso del procedimiento convencional" para que las causas queden en el pasado y "en dos o tres meses recuperen su libertad".

Mencionó que en 2023 se presentaron 21.330 denuncias por delitos contra la propiedad, robos, hurtos, robos agravados y abigeato, entre otros, pero solo el 2,78 por ciento de los casos fueron juzgados.

El ministro informó que 2.931 personas fueron arrestadas preventivamente por estos delitos, pero 2.411 fueron liberadas y las restantes se sometieron a procedimientos abreviados que implican aceptar su culpa para lograr sentencias de dos a tres años de cárcel, lo que significa que ahora también están en las calles.