Fiscalía boliviana investiga proclamación presidencial de Áñez
Se trata de un segundo proceso contra la expresidenta de facto, y la Fiscalía dice analizará si acumula ambos procesos.
La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, por su presunta proclamación irregular como presidenta del Senado y con posterioridad su autoproclamación como jefa del Estado en 2019, tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
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La información la adelantó el coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos, quien ha explicado que "en pasados días, el Ministerio Público ha recibido la denuncia por parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en contra de la señora Áñez".
Por tal motivo, su cartera abrió "la investigación por el tipo penal de prolongación de funciones (...) tanto como presidenta del Senado como también como presidencia del Estado Plurinacional".
Luego de abrir esta otra investigación en contra de Áñez, Bustillos ha abierto la puerta a una posible unificación de las denuncias acumuladas contra la exmandataria de facto, quien ahora mismo se encuentra recluida en un centro penitenciario.
De acuerdo con Andrónico Rodríguez, el objetivo de este nuevo proceso legal contra Áñez es saber "en qué situación la senadora (Jeanine Añez) asumió como presidenta del Senado (en 2019)", ya que "ni la Constitución Política del Estado, ni el reglamento de la Cámara de Senadores lo permiten".
El ahora presidente del Senado señaló, en ese sentido: "De acuerdo con el reglamento general de senadores, al bloque mayoritario le corresponde la Presidencia del Senado, en este caso la señora Áñez se declaró presidenta del mismo y se autoproclamó como presidenta del Estado".
En aquel entonces, el Movimiento al Socialismo (MAS) contaba con la mayoría, mientras que Áñez formaba parte de la oposición.
Jeanine Áñez permanece en prisión desde el 13 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco del golpe de Estado de 2019 y la represión que le siguió, tras la salida del presidente Evo Morales del país tras ser acusado por la oposición y parte de las Fuerzas Armadas de fraude electoral.
A la par de estos dos procesos, en los que Añez es acusada de haber asumido la presidencia del país de forma ilegal, el Gobierno impulsa cuatro demandas de juicio de responsabilidades en su contra por otros presuntos delitos cometidos como presidenta de facto (2019-2020).
La primera se refiere a la contratación y la recepción de un crédito de 347 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La segunda fue planteada por un decreto de lucha contra la pandemia el cual catalogó penalmente como “delito contra la salud pública”, la difusión de informaciones que pudiesen causar malestar o incertidumbre en la población.
La tercera demanda se refiere a la ampliación directa por decreto, y no mediante una licitación, de la concesión a un consorcio privado del manejo del registro público de empresas y la cuarta al impedimento de ingreso a bolivianos que retornaban al país después de las declaraciones de emergencia por la pandemia en países vecinos.