Argentina realiza la segunda huelga nacional impulsada por la principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), en rechazo a las medidas que busca implementar el Gobierno de Javier Milei.

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A diferencia de la primera, en esta oportunidad, la convocatoria es por 24 horas y durante el paro se frenarán las principales actividades económicas, bajo el lema "La patria no se vende" ante el "ajuste brutal".

Los sindicatos denuncian la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que incluye la privatización de empresas, el establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral denominada "modernización"; asimismo, exigen mejores condiciones para los trabajadores.

"Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional", afirmó en un comunicado el líder de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.

La CGT destacó en el comunicado de la convocatoria que  “un 31 por de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87 por ciento en obras públicas, un 39 por ciento en subsidios al transporte, un 76 por ciento en transferencias a las provincias, un 18 por ciento en recorte a las universidades y un 13 por ciento en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”.

A pesar de que el Gobierno anunció que pondrá en marcha el protocolo antipiquetes, además de los trabajadores estatales y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se sumaron la Asociación Bancaria, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), y los empleados de comercio bajo la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).