La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseveró este martes que quedaba claro que "la idea era condenarme" tras el fallo del Tribunal Oral Federal 2 que la sentenció a seis años de prisión y a una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

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Luego de conocerse el fallo por el supuesto delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", la vicepresidenta se pronunció para expresar su rechazo a la decisión y reiterar las diversas irregularidades que ha denunciado en otras ocasiones sobre este proceso.

Fernández recordó que el juez Julián Ercolini "se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz y la enviara a Santa Cruz", pero cuando llegó el Gobierno de Mauricio Macri "la resucita como por arte de magia ante una denuncia de Iguacel".

"Las 51 o 49 obras que había mandado al sur, porque era incompetente para investigar, las trae de nuevo e inclusive después de que habían sido analizadas, juzgadas y sobreseídas como él había indicado en el sur, pese a la cosa juzgada, está claro que cuando hace todo eso un juez, que tampoco estuvo solo, (porque) es ratificada esta conducta por todas las instancias superiores hasta la Suprema Corte de Justicia, está claro que la idea era condenarme como finalmente hoy lo hicieron", enfatizó.

La vicepresidenta aseveró que, como ya lo dijo durante los alegatos, demostró que de acuerdo con la Constitución del país "yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto".

Por otra parte, hizo referencia a los chats filtrados sobre el viaje de jueces, empresarios y funcionarios del Gobierno porteño, así como otros implicados, asegurando que fue "la confirmación de un sistema paraestatal donde se dice sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales"

"Esto lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido con financiado supuestamente por un multimedio", precisó.

Asimsimo, manifestó que la verdadera condena es la inhabilitación a ejercer cargos públicos porque de esa forma también se condena un modelo de desarrollo económico.

"Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo, por eso me condenan. Pero la condena no son los seis años o la cárcel, la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos cuando todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular", acotó.

La vicepresidenta Fernández recordó que "cuatro Gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner en el 2003, 2007, 2011 y también contribuye la victoria que obtuvimos en el 2019, cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan".

Esta condena emitida contra la vicepresidenta podrá ser apelada por su defensa ante la Cámara Federal de Casación Penal y luego en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fernández también afirmó que no se postulará a ningún cargo en los próximos comicios del país. 

"Voy a hacer los mismo que hice el 10 de diciembre de 2015 (...) no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada (...) No voy a ser candidata", dijo.  

Ninguna prueba

Este juicio se realizó por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, a favor de un empresario, pero la vicepresidenta argentina aseveró que nada de lo presentado en su contra durante el proceso se pudo comprobar.

"A lo largo de todo el juicio se probó que ninguna de las aseveraciones, de las mentiras, que dijeron los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola en su alegato histriónico eran ciertas, al punto tal de que cuando les tocó replicar cada uno de los hechos, no de las opiniones, de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron durante todo el juicio, no pudieron replicar nada", acotó.

Igualmente, precisó que se puede mentir sobre opiniones, pero cuando se demostró que los hechos eran mentira "no pudieron replicar absolutamente nada".

"Esta condena no es por las leyes de la Constitución o por las leyes administrativas o por el Código Penal, es una condena que tiene su origen en un sistema que yo el 2 de diciembre hablé de lawfare, ahora últimamente también he rescatado el concepto de partido judicial (...) Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial", enfatizó.