Países de América Latina formalizaron este domingo el llamado "Acuerdo Escazú" para la protección de los defensores de derechos humanos y medio ambiente que son asesinados por oponerse a los intereses de empresas y gobiernos. 

Durante la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe suscribieron el acuerdo que constituye un hito en la historia para la construcción de una democracia ambiental en la región. 

Establece obligaciones de los 24 países firmantes para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y justicia en asuntos ambientales, así como medidas para fortalecer la protección de defensores de derechos ambientales. 

“Hemos dado un paso grande, tributario de nuestra historia. Se ha alumbrado un instrumento de rasgos orgullosamente latinoamericanos y caribeños”: @aliciabarcena sobre acuerdo regional de #Principio10 aprobado en #CostaRica pic.twitter.com/x75ul8I14L

— CEPAL (@cepal_onu) 5 de marzo de 2018

Para la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, "este acuerdo es el único que existe en el mundo vinculante que tiene una disposición específica para la protección y la defensa de los defensores de los derechos humanos y esto lo hacemos en la memoria de todos los que han trabajado para defender nuestro medio ambiente". 

De igual manera aseguró que el acuerdo expresa un "compromiso del derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y entorno". 

>>¿Cómo avanza la justicia social e igualdad en América Latina?

El "Acuerdo de Escazú" está basado en el principio diez de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo por lo que consagra la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales garantizando un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones.

Este acuerdo también buscará ayudar a esclarecer homicidios y crímenes contra protectores de los derechos ambientales como el caso de Berta Cáceres, una hondureña que luchó para evitar la construcción de un proyecto hidroeléctrico del Banco Mundial en la región noroeste de su nación. 

Berta Cáceres, antes de su asesinato, denunció hostigamientos graves en contra de su familia y miembros protectores del ambiente. A pesar de recibir una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su protección, su madre aseguró que no recibió la atención del Gobierno de Honduras, país más peligroso del mundo para el activismo político.

Tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un solo planeta y hay que asegurar su sostenibilidad y supervivencia, dice Leo Heileman Director Regional de @ONUMedioAmb durante reunión de #Principio10. pic.twitter.com/lZ2tyv89Zz

— CEPAL (@cepal_onu) 5 de marzo de 2018