La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) aprobó este martes el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado opositor Juan Guaidó, lo que supondría el inicio de su enjuiciamiento.

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El presidente del órgano plenipotencario, Diosdado Cabello, aseguró que la ANC apruebó la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "para que haya justicia" en el país.

"Esa justicia es necesaria para la garantía de la paz", puntualizó el dirigente del organismo.

Causas del allanamiento a la inmuidad parlamentaria

El pasado lunes, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, instó a la ANC a que allanara la inmunidad parlamentaria del diputado Guaidó "por violar las medidas impuestas por el tribunal".

Esta medida se tomó con base en lo ocurrido el 29 de enero, seis días después de la autoproclamación de Guaidó como "presidente encargado" del país, cuando el TSJ dictó una serie de medidas cautelares en su contra, solicitadas por el Ministerio Público ante la apertura de investigación, en las que se le prohibía la salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación.

Igualmente se impidió al diputado opositor a enajenar y gravar los bienes de su propiedad y se procedió a bloquear e inmovilizar cuentas bancarias o instrumentos financieros en el territorio venezolano. 

Sin embargo, el diputado del partido opositor Voluntad Popular (VP) no acató la restricción de abandonar el país suramericano cuando el pasado 22 de febrero salió de Caracas con destino a la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander, donde al día siguiente intentaría infructuosamente ingresar camiones con supuesta ayuda humanitaria enviada por EE.UU., en medio de hechos de violencia propiciados por la oposición.

Posteriormente, viajó a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde se reunió con los mandatarios de esos países para pedirles que aumentaran la presión contra el Gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro.

Además, la Fiscalía venezolana ha abierto dos investigaciones a Guaidó, por desacato a la Constitución y a los poderes públicos, tras su autoproclamación, y otra por su presunta relación con el sabotaje eléctrico que dejó al país suramericano sin energía por varios días.

Anteriormente, el diputado venezolano fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años por la Contraloría, debido a que no ha ofrecido información sobre su situación patrimonial, a pesar de ser servidor público y estar en la obligación de declarar el origen de aproximadamente 100 mil dólares con los que habría financiado 91 viajes y gastos de alojamiento dentro y fuera del país suramericano.