Medios argentinos informaron este domingo que durante la investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, se borró información relevante, que la jueza y el fiscal a cargo del caso esperaban hallar en el teléfono móvil del atacante, Fernando André Sabag Montiel.

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Los datos contenidos en el teléfono se consideran claves para determinar los móviles del atacante y si actuó en complicidad con otras personas. Hasta el momento solo se ha podido acceder a contactos registrados en su tarjeta SIM.

En mensaje difundido a través de la red social Twitter, el abogado defensor de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, aseveró que “es gravísima la responsabilidad de la jueza, el fiscal y los que manipularon el celular del imputado”.

Añadió que “de confirmarse la información de algunos periodistas, iniciaremos otra causa contra todos los responsables de tremendo “error” judicial, y/o posible encubrimiento agravado”.

Es gravísima la responsabilidad de la Jueza, el Fiscal y los que manipularon el celular del imputado.
De confirmarse la información de algunos periodistas, iniciaremos otra causa contra todos los responsables de tremendo “error” judicial, y/o posible encubrimiento agravado.

— Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 4, 2022

Dalbón declaró a medios locales que Cristina Fernández y él se presentarán a la querella este lunes con un técnico para “tratar de analizar si se pueden recuperar esos datos”.

Valoró que “es rarísimo que en un hecho de tanta envergadura con tan poco cuidado se haya tratado a un celular, que es lo que habla. Imagino que va a tener una solución y, si no la tiene, tendrá consecuencias para aquellos que estuvieron en la investigación preliminar de la Justicia”.

Un nazi misógino quiso matarla. Previa inacción judicial en causa de amenazas de muerte y carteles en vía pública. Impunes gritos de asesina, maten a la “cretina” pena capital, péguenle un tiro.
No vamos a naturalizar la escalada de odio.
Seremos con @CFKArgentina querellantes.

— Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 3, 2022

El teléfono fue requisado el jueves pasado luego del atentado a la mandataria junto con la pistola ocupada al agresor, su laptop, 100 proyectiles calibre 7.62 mm hallados en su vivienda y otros medios.

Permaneció en custodia dentro de una caja fuerte en el juzgado. Reportes de prensa refieren que llegó allí apagado y sin batería, y que luego se encendió y colocó en modo avión para impedir que accedieran a su contenido de manera remota.

Fiscal Carlos Rivolo, para rastrear contactos, mensajes, llamados y encuentros del asesino no alcanza con las pericias sobre sus dos celulares.
Hay que oficiar a la Telco para que informe listados de entrantes, salientes, datos y metadatos de geolocalizacion.
Cordial Saludo.

— Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 3, 2022

Inicialmente fue manipulado por peritos de la Policía Federal (PF), quienes no pudieron acceder a los datos, y a continuación por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que dispone de un software moderno de fabricación israelí para esta tarea.

El traslado entre las sedes de la PF y la PSA estuvo a cargo de personal del juzgado, aunque se consigna en acta que el dispositivo llegó al segundo sitio en un sobre abierto.

Luego de intentos de acceder a la información, en la pantalla del móvil apareció esta leyenda: “Reseteado de fábrica”.

Preliminarmente, peritos declararon a medios locales que ello pudo haber ocurrido por la insistencia de la PF de acceder al teléfono sin contraseña, o que alguien haya accedido de manera remota y haya borrado los datos.

Tras indicar este sábado que se redactase un informe detallado sobre la manipulación del aparato y la cadena de custodia, la jueza y el fiscal a cargo del caso, María Eugenia Capuchetti y Carlos Rívolo, respectivamente, citaron a declarar este domingo a todos los responsables de estos pasos.