El Ministerio Público colombiano presentó un extenso informe donde se detalla la violencia de la que son víctimas los líderes sociales en diversas regiones del país por defender sus derechos territoriales.

“Existe una especie de reciclaje de violencias para desarticular las luchas por la defensa de los derechos a la tierra y el territorio. Entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018 se registraron 282 homicidios”, establece el informe. 

El documento dejó consignado que “las cifras recogidas por las diferentes fuentes reflejan una situación crítica que debe alertar a todas las entidades del Estado y activar los mecanismos necesarios para prevenir nuevas vulneraciones de derechos que permitan proteger efectivamente a los líderes y lideresas”.

“Violencia contra defensores de derechos territoriales es sistemática y generalizada”: Procuraduría https://t.co/M3qF9j4RFS vía @VerdadAbierta

— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 14 de abril de 2018

Este informe se sustenta en la revisión de las actuaciones de entidades estatales claves en la protección e investigación de los líderes sociales y de los defensores de derechos territoriales, entres ellos la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Nacional de Protección.

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Una de las entidades más cuestionadas por la situación de los defensores de derechos territoriales fue la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad estatal encargada de velar por la seguridad de las personas en riesgo y que ha sido blanco de críticas también por parte de organizaciones sociales.

Tras una extensa y detallada exposición de casos, la Procuraduría emitió varias advertencias a las entidades que deben velar por la vida de los defensores de derechos territoriales.

El Ministerio Público también elevó una alerta a ministerios y agencias del Estado para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional, como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona.

La Procuraduría aseveró que “el esclarecimiento de las causas y estructuras o lógicas criminales que están detrás de esta práctica sistemática contra los liderazgos de tierras en el país es urgente para detenerlos”.

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