La Fiscalía General (FGR) de El Salvador acusó el lunes al expresidente Alfredo Cristiani de coordinar y autorizar la masacre de los miembros de la Compañía de Jesús en la Universidad Centroamericana.

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El ente judicial concluyó que posee pruebas suficientes de que el crimen perpetrado por escuadrones de la muerte el 16 de noviembre de 1989, en el que fallecieron seis padres jesuítas, cinco de ellos españoles, junto a dos mujeres fue obra del exmandatario salvadoreño.

El político, perteneciente al partido derechista Alianza Nacionalista Republicana (Arena), se sirvió de un grupo de militares para realizar la incursión y según un testigo, Emilio Ponce, ya fallecido, estuvo presente en el lugar donde se decidió el crimen, estuvo de acuerdo y lo autorizó.

Además de Cristiani son ocho los imputados en el caso, incluyendo a Rodolfo Parker, un exdiputado prófugo incriminado en el pasado por un testigo ocular de ofrecer un millón de colones para que no se mencionara la participación de Cristiani y altos mandos militares en la masacre de los religiosos.

Según la Fiscalía, Parker era entonces el jurídico del Ministerio de Defensa salvadoreño y le pidió al teniente José Ricardo Espinoza Guerra que cuando declarara no podía revelar que cumplía ordenes del alto mando del ejército y del expresidente.

Cristiani, también prófugo y con orden de captura, es el centro de la campaña anticorrupción del presidente Nayib Bukele, quien iniciara su batida el 1 de junio ordenando el decomiso de todas sus propiedades en el país, valoradas en más de 10 millones de dólares.

Fuentes cercanas al ministerio público destacan que el político de derechas llegó “quebrado al gobierno y salió millonario”, en referencia a la fortuna que construyó evidentemente por medio del desfalco, el robo y la malversación de los fondos del estado.