El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció este lunes que su Gobierno dio por finalizado el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tras reunirse con el secretario del organismo internacional, António Guterres, la ministra de Relaciones Exteriores del país centroamericano, Sandra Jovel indicó que los miembros del organismo tendrán un plazo de 24 horas para oficializar la culminación del mandato y la salida del país.

Según lo estipulado en el acuerdo de la Cicig, solo la ONU tiene la potestad para terminar la cooperación con el Estado de Guatemala.

¿Qué establece el acuerdo?

El trato suscrito indica que el presidente Morales tiene la potestad para denunciar el convenio de la creación de la Cicig. Pese a esto, únicamente la ONU puede concluir el convenio, según lo estipula la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

El artículo 60 de este documento determina que un tratado podrá terminarse o suspenderse como consecuencia de su violación. Este es el argumento que esgrime el Gobierno guatemalteco.

Sin embargo, en 2006 el Estado de Guatemala aceptó que este acuerdo en particular solo puede ser finalizado por la ONU.

El excomisionado adjunto de la Cicig, Amerigo Incalcaterra, quien desempeñó sus funciones entre 2008 y 2009, sostuvo que Guatemala no puede romper un pacto que fue acordado entre dos partes y que deberá esperar hasta septiembre que es cuando finaliza el último plazo.

Icalcaterra ratificó que si el Gobierno de Guatemala pretende romper al pacto deberá demostrar “con argumentos válidos las causas de por qué quiere denunciar”, ante lo que la otra parte (la ONU) deberá estar de acuerdo.

“Pero si los argumentos no son válidos, lo único que queda es esperar su finiquito el cual es hasta septiembre", sostuvo el funcionario.

¿Cuándo puede terminar la relación?

El acuerdo entre ambas instituciones puede finalizar en caso de que ocurran tres supuestos:

- El Estado deje de cooperar plenamente con la Cicig y obstaculice sus actividades.

- El Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad durante el mandato de la Cicig.

- Falta de apoyo financiero de la comunidad internacional.

Ante estos supuestos, el Gobierno de la nación centroamericana deberá cumplir con notificar a la otra parte (ONU) su pretensión de suspender el compromiso, en caso de comprobar algún aspecto que permita invalidar el trato. En la notificación deberá indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado.

En caso de que la ONU decida no oponerse, el Gobierno podrá adoptar la medida que haya propuesto. En caso de objeción por parte del organismo, ambas partes deberán buscar una solución consensuada, según lo establece el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

>> Gobierno de Guatemala finaliza acuerdo de la Cicig ante ONU