A quince días de consumarse el golpe de Estado en Bolivia, movimientos sociales de los departamento de Cochabamba y El Alto alcanzaron un acuerdo con representantes del Gobierno de facto instalado en el país. 

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El acuerdo prevé el levantamiento de los bloqueos de vías y el repliegue de las Fuerzas Armadas en el departamento. Este pacto incluye al sector cocalero del Trópico. 

Asimismo, los movimientos sociales bolivianos exigen la no persecución de dirigentes y el respeto de la declaratoria de personas no gratas dirigida hacia dirigentes de derecha que se pusieron al frente del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, entre ellos Luis Fernando Camacho, jefe del Comité Cívico de Santa Cruz; y Carlos Mesa, candidato perdedor de las elecciones presidenciales. 

Los movimientos sociales, además, exigen interpelar a representantes del Gobierno de facto por los asesinatos de manifestantes. 

También exigen garantías para la celebración de elecciones presidenciales, para la cual ya avanza el plazo, de acuerdo con el proyecto de Ley aprobado por el Congreso que fue refrendado por el Gobierno de facto. 

Por otra parte, las víctimas de la represión golpista se mantienen reunidas con las misiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar testimonios y presentar pruebas de las agresiones. 

El informe de estos encuentros podría ser presentado este fin de semana. Hasta el momento, se registran en Bolivia unos 30 muertos, así como más de mil detenidos y heridos.