Llaman a proteger a los defensores de la naturaleza en Ecuador
La Federación Internacional por los Derechos Humanos exige detener el uso abusivo del derecho penal en Ecuador.
La Federación Internacional por los Derechos humanos (FIDH) reconoció este jueves la amnistía otorgada en marzo por el Gobierno ecuatoriano a los 268 manifestantes enjuiciados por su participación en protestas sociales en la defensa de los derechos de la naturaleza y llamó a las autoridades a evitar el uso del derecho penal contra esos activistas.
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La FIDH instó al Gobierno a actuar de acuerdo a las legislaciones del derechos nacional e internacional y a continuar implementando una política de protección y reconocimiento a quienes defienden los derechos humanos en el país.
“Todas estas personas tienen un papel esencial en la preservación y protección de la naturaleza y de las tierras indígenas y no debieron haber sido criminalizadas por su acción de defensa de derechos”, defiende la declaración oficial del FIHD.
‼️La Federación Internacional por los DDHH @fidh_es urge a las autoridades ecuatorianas a poner fin al uso abusivo y persistente del derecho penal, al hostigamiento, a la estigmatización y a la judicialización en contra de las personas defensoras de DDHHhttps://t.co/4HvuKnRwmK
— teleSUR Ecuador (@teleSUREcuador) April 7, 2022
A su vez, apunta que si el estado ecuatoriano reconoce los derechos de los pueblos indígenas, así como los derechos de la naturaleza del país, debe reconocer, por consiguiente, que la naturaleza tenga defensores.
El documento presenta una relación de los protestantes y sus causas, asociados a la defensa de territorios comunitarios, administración de justicia indígena y defensa de la naturaleza. Por tratarse de intereses colectivos son calificadas como motivos de delitos políticos que merecen la amnistía.
La Federación también reconoce a los amnistiados por ejercer el derecho a la resistencia y el reclamo social en el marco de las protestas de octubre de 2019 provocadas por dictámenes gubernamentales que afectaban su entorno.
La política económica establecida en 2019 en el país impuso el despliegue de centros mineros, agroindustriales y extractivistas en territorio indígena al punto de negarles recursos esenciales como el agua.