El abogado de la Comisión Colombiana de juristas, Juan Carlos Ospina, aseguró durante una entrevista con el medio colombiano Contagio Radio que son varias las sentencias que instancias nacionales, como la Corte Constitucional, e internacionales, como la Corte Interamericana (CorteIDH), han proferido para que el Estado colombiano le garantice el acceso a la salud y la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado.

Para la Comisión Colombiana de Juristas, organización que acompaña a las víctimas, esta falta de continuidad en el acompañamiento psicosocial ordenado por la Corte “vulnera el derecho a la salud, sitúa a la comunidad en una condición de vulnerabilidad, debilita la confianza en el Ministerio de Salud, esencial en el proceso de reparación, y trunca los procesos individuales, familiares y comunitarios de recuperación emocional que se venían desarrollando con las víctimas".

Entre los hechos más reciente están las víctimas de la masacre de El Salado, donde Juliana Torres, una niña de seis meses falleció por la falta de suministros médicos y disponibilidad de una ambulancia para su traslado. 

Las víctimas de El Salado se encuentran cobijadas por la sentencia T-045 de la Corte Constitucional en la que ordenan al Ministerio de Salud garantizar el derecho a la salud desde un enfoque diferencial y la prestación de atención psicosocial, además de crear e implementar protocolos, programas y políticas para la garantía de este derecho a todas las víctimas.

Ninguna de las anteriores órdenes han sido cumplidas por el Ministerio de Salud a cabalidad, si bien han existido periodos de tiempo en los que la institución cumple con la sentencia, en otros momentos como el más reciente que cobró la vida de la niña Juliana, no lo ha hecho y las víctimas se ven enfrentadas a las demoras en la prestación de los servicios de salud, destacó la comisión de juristas.

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