La batalla legal entre Venezuela y la petrolera Exxon Mobil se ha convertido en una guerra de desgaste. Esta disputa se remonta al año 2007 cuando el presidente Hugo Chávez renacionalizó el sector petrolero venezolano. Dicha industria ya había sido nacionalizada a mediados de 1970, por años el precio del petróleo se mantuvo alto. Sin embargo, en los noventa, mientras el país se enfrentaba a una profunda crisis económica, el gobierno de aquella época permitió que, lentamente, se privatizara el sector. Venezuela firmó 32 acuerdos de servicios operativos con 22 compañías y de esta manera entregó a intereses privados gran parte de la industria petrolera.

En 1998, Chávez es elegido Presidente de la República y se aseguró de que el sector petrolero regresara a manos públicas, además de convertirlo en un pilar en su plan para la redistribución de la riqueza y el combate a la pobreza. Su idea era usar los ingresos petroleros para financiar las misiones sociales y proyectos contra la pobreza, asimismo financiar inversiones en otros sectores de la economía con la finalidad de gradualmente sacar al país de su dependencia de las exportaciones petroleras. En 2007, el gobierno comenzó crear empresas mixtas con el sector privado, en las que por ley la mayoría de las acciones en los diferentes proyectos quedaban en manos de Pdvsa.

Dos grandes proyectos controlados por ExxonMobil se vieron afectados en las áreas petroleras venezolanas de Cerro Negro y La Ceiba. El gobierno compensó a la compañía mediante el pago del valor contable de sus activos. ExxonMobil elevó una protesta bajo el argumento de que el gobierno debería haber compensado a la compañía por el valor de mercado de sus activos, el cual era significativamente mayor.

De las 22 empresas cuyos activos fueron nacionalizados sólo dos optaron por ejercer acciones legales contra Venezuela: ConocoPhillips y ExxonMobil, el resto decidió negociar acuerdos de compensación con Caracas. En ese momento, Venezuela acusó a ExxonMobil de recurrir al arbitraje jurídico internacional como una estratagema para elevar los precios mundiales del petróleo.

El caso ConocoPhillips continúa en curso y en octubre de 2014, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ordenó a Venezuela el pago de 1.6 millardos de dólares a ExxonMobil en compensación por las nacionalizaciones de 2007. El CIADI falló a favor de Venezuela, que sólo tuvo que pagar una fracción de los 10 millardos de dólares que había exigido ExxonMobil.

De hecho, una de las principales conclusiones del CIADI fue que las expropiaciones eran legales, debido a la compensación adicional otorgada por un desacuerdo sobre los cálculos, en lugar de la naturaleza de las propias nacionalizaciones.

Ese no fue el único fallo positivo que ha tenido Venezuela en un arbitraje internacional.

Venezuela obtuvo otro veredicto favorable de parte del CIADI en marzo de 2015, cuando la empresa de envío de energía estadounidense Tidewater recibió 46 millones de dólares de indemnización. En este caso esta decisión tuvo que ver con la expropiación de 11 buques de Tidewater en el año 2009. El CIADI dictaminó que la expropiación era legal y rechazó la exigencia de una suma significativamente mayor por parte de la compañía.

Los fondos provenientes de la industria petrolera han jugado un papel crucial en el desarrollo de Venezuela y la mejora de las condiciones de vida.

A pesar de la baja del precio del petróleo, en marzo 2015 la pobreza extrema en Venezuela cayó a un mínimo histórico del 5,4 por ciento - por debajo de 5,5 por ciento del año anterior. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, el 21 por ciento de los hogares se encontraban en situación de pobreza extrema y a principios de esa década, en medio de una crisis económica y una ola de privatizaciones, la pobreza extrema alcanzó un tope de 42 por ciento.

El objetivo de la política del gobierno socialista venezolano es reducir el índice de pobreza extrema a cero.  En 2019 se pretende alcanzar este objetivo al reducir la explotación de sus recursos naturales para el beneficio de empresas privadas.