La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina realizó este martes un paro y movilización en defensa de sus puestos ante la intención del gobierno de Mauricio Macri de revisar las contrataciones con probables despidos masivos.

A través de un comunicado, el secretario general de ATE, Hugo Godoy, informó que la marcha finalizó en las afueras de las instalaciones del Ministerio de Trabajo, y reclamaron  también por un bono de cinco mil pesos de fin de año, la estabilidad laboral de los empleados públicos y la reapertura de las negociaciones por un nuevo contrato laboral.

Por su parte, un dirigente de la asociación precisó que ante la ausencia de respuestas oficiales, el sindicato estará en permanente estado de alerta ante cualquier intento de despedir a trabajadores en enero y, “si ello sucediese, será respondido con más movilizaciones".

Los trabajadores de ATE se manifestaron en reclamo por la estabilidad laboral https://t.co/MlDr5jU5uI

— Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) diciembre 29, 2015

SEPA» Juez argentino sobreseyó a Macri por caso de escuchas ilegales

Macri ordena revisar los contratos de funcionarios de los últimos tres años.

Pese al descontento y protestas en la población, el presidente argentino, Mauricio Macri, ordenó hoy mediante un decreto revisar la legalidad de las contrataciones de empleados públicos hechas en los últimos tres años, durante el mandato de Cristina Fernández (2007-2015).

El decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, hace hincapié en el "excepcional número de concursos" convocados durante los últimos tres años y en la necesidad de verificar que esos nombramientos hayan sido realizados "conforme a derecho y respondan a necesidades genuinas de gestión".

La revisión que deben realizar los ministros y los secretarios de la Presidencia, así como las autoridades de organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado, abarca tanto las contrataciones hechas en el pasado reciente como las que están en proceso de aprobación.

Las selecciones de personal en trámite deberán ser analizadas en un plazo que no sobrepase los seis meses, en función de si los aspirantes cumplen con los requisitos necesarios para cada puesto.

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