De alto impacto son las consecuencias que trae consigo la decisión de suspender de las mesas de diálogo entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como anunció este martes el presidente del país Juan Manuel Santos.

En 2015 se conoció que ambos actores instalarían una mesa de negociaciones en Ecuador y en 2016 se firmó el histórico acuerdo entre las antiguas Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, para poner fin al conflicto armado que desde hace casi 50 años existe en el país.

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Analistas coinciden en que este proceso de paz, consensuado por actores que se mantienen enfrentados desde hace décadas, es la única oportunidad que tiene la sociedad colombiana para la construcción de una paz estable y duradera. 

Los especialistas señalan que el fin de las hostilidades le brindará a los colombianos la posibilidad de establecer nuevos mecanismos, como el diálogo, para superar una era de conflictos armados y dirimir las diferencias políticas. 

La sociedad civil: la más perjudicada

De acuerdo con el especialista en temas de paz, Carlos Medina Gallego, la decisión tomada por Santos perjudicaría a la sociedad civil. Sostuvo Gallego que un cese temporal de las negociaciones de paz y el fin del cese al fuego solo recrudecerá la escalada de violencia.

"Las acciones de guerras van a comenzar a presentarse en los territorios y los más afectados serán los ciudadanos que habían reclamado prudencia a ambas partes", aseveró el investigador. 

Gallego calificó de "desafortunada" la decisión del Gobierno presidido por Santos de ordenar la retirada del equipo negociador de las mesas de diálogo. 

"El Gobierno, que tiene la responsabilizar de garantizar el derecho a la paz, no puede de manera acelerada levantarse de la mesa de negociaciones", cuestionó, al tiempo que aseguró que la decisión del mandatario es apresurada, y que pone en riesgo el proceso el paz en Colombia. 

Por otra parte, Gallego subrayó que es necesario disminuir la intensidad del conflicto armado, convocar al diálogo y resolver los problemas existentes, denunciados por la sociedad — particularmente de presencia paramilitar — en los territorios mayoritariamente más vulnerables. 

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El especialista recordó el incumplimiento de los acuerdos del Gobierno colombiano con los movimientos sociales y con los líderes sociales.

Destacó el asesinato sistemático de dirigentes y activistas sociales en los últimos meses: según cifras ofrecidas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el transcurso de 2017 fueron 170 los dirigentes comunitarios asesinados.