Senado mexicano ejerce presión para investigar caso Ayotzinapa
El presidente del senado mexicano, Miguel Barbosa, instó a intensificar los esfuerzos para dar con el paradero de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (estado Guerrero, sur de México), desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Puntualizaron que las investigaciones del Gobierno federal y local deben ceñirse a la norma y con ética profesional.
Tras los hechos las autoridades han arrestado a cerca de 40 personas entre esos 22 policías y a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos que participaron en los hechos.
La Fundación Internacional Baltazar Garzón expresó su preocupación de que las investigaciones y la búsqueda de los desaparecidos "no se están realizando con la debida diligencia".
Sin embargo, el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró que las experticias arrojaron que algunos de los restos encontrados no corresponden a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Por otra parte, empresarios, comerciantes y campesinos marcharon en Chilpancingo (Guerrero) para exigir la destitución del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y el rescate de los 43 estudiantes
El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Pío Quinto Damián Huato, reclamó la salida del funcionario y el castigo a los responsables de la masacre.
El analista de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Jorge Israel Hernández, precisó que el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas revela la impunidad que existe en el país.
teleSUR le invita a repasar el "Caso Iguala"
En contexto
Los estudiantes desaparecieron en el estado sureño de Guerrero el pasado viernes, cuando protestaban contra la discriminación que sufren en la repartición de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del gobierno de esa entidad.
Durante la manifestación, policías municipales de la ciudad de Iguala arremetieron contra los estudiantes, incluso disparando los autobuses donde se trasladaban, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.
Un total de 282 policías locales fueron detenidos preventivamente tras los hechos, pero sólo 22 fueron arrestados de forma definitiva como presuntos responsables de los ataques. Asimismo, el alcalde de Iguala, José Abarca Velásquez, deberá separarse de su cargo por 30 días y también fue expulsado de su partido político.
Autoridades del Gobierno mexicano confirmaron el hallazgo de al menos 28 cadáveres en fosas clandestinas situadas en el municipio Iguala. Las autoridades tienen considerables sospechas de que algunos de los cadáveres podrían ser de los 43 estudiantes desaparecidos.
El fiscal del estado de Guerrero, Iñaky Blanco, afirmó que las investigaciones en el caso de los normalistas desaparecidos revelaron que policías de Iguala entregaron a 17 de los estudiantes al grupo delictivo Guerreros Unidos.