La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Amnistía General aprobada en 1993, un año después de que concluyera la Guerra Civil que duró más de 12 años.

De esta forma, la Corte abre paso a las investigaciones penales de unos 30 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por militares, funcionarios públicos y guerrilleros descubiertos por la Comisión de la Verdad,

Este hecho ha provocado reacciones en ese país centroamericano.  

La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Jackeline Rivera, asegura que la Sala de lo Constitucional "es un activista político" que no goza de "representación democrática".

En tanto, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, consideró que "derogar la Ley de Amnistía es un error político" y "podría provocar una cacería de brujas que desestabilizará el proceso de paz".

"Es un error declarar inconstitucional la ley de Amnistía, espero que no se convierta en una cacería de brujas. No quiero pensar que la derogarotia de la ley podría poner al país de cabeza", manifestó en televisión.

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Munguía Payés señaló que dicha ley facilitó los Acuerdos de Paz (1992) y la sentencia de la Sala podría significar un retroceso en ese proceso de pacificación.

Por otra parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, consideró que resulta necesario leer despacio la sentencia sobre la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento en 1993.