El 11 de abril representa una fecha significativa para la historia contemporánea de Venezuela. En el año 2002, ocurrió una verdadera ruptura del hilo constitucional en la nación suramericana producto de un golpe de Estado ejecutado por la oposición venezolana y respaldada desde Estados Unidos.

Luego de 15 años, y con la Revolución Bolivariana consolidada en el mando del país, las fuerzas opositoras de derecha no cesan en su intento de acabar con el proceso socialista iniciado por Hugo Chávez Frías y continuado por el presidente Nicolás Maduro.

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Estos sectores pretendieron salir por la fuerza del Gobierno de Chávez en 2002  pero no tuvieron respaldo popular. Si bien en la actualidad la oposición niega cualquier tipo de intentos golpistas hacia el presidente Maduro, es necesario remitirse a los antecedentes de estos dirigentes, entre los cuales aparecen intentos de rebeliones violentas y participaciones en movimientos golpistas.

¿Dónde estaban estos actores políticos en 2002?

Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda y uno de los principales voceros de la oposición en la actualidad, participó de manera activa en el golpe promoviendo el asalto a la embajada de Cuba donde cortó los servicios de agua y luz, además de entrar arbitrariamente al edificio. Por su participación en el golpe de Estado fue enjuiciado y encarcelado, finalmente fue absuelto en 2006.

Leopoldo López, otro de los más mediáticos dirigentes de la oposición, - actualmente privado de libertad por su participación directa en los hechos de desestabilización social del año 2014 (conocido como las "guarimbas") - para ese momento era Alcalde del municipio Chacao, fue imputado luego del golpe de Estado por la detención del entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, quien fue expulsado de su residencia y golpeado por varios manifestantes presentes en el lugar.

Asimismo, el "presidente" de la Asamblea Nacional (AN), que se mantiene en desacato, Julio Borges, quien formaba parte junto con López y Capriles del partido Primero Justicia, exigió horas antes de que saliera a la luz el decreto de Carmona, la renuncia de la directiva de PDVSA, de la AN, el Tribunal Supremo de Justicia y el Presidente de la República, demostrando así que los miembros de este partido conocían el plan golpista de remover de su cargo al presidente constitucional.

Igualmente, María Corina Machado y Manuel Rosales, voceros y activistas de la oposición fueron firmantes del decreto emitido por Pedro Carmona Estanga, que suprimía el orden constitucional y removía de sus cargos a funcionarios públicos, electos legítimamente por el pueblo venezolano.

Estos son los dirigentes opositores que hoy "defienden los derechos y la soberanía nacional" y que actualmente alegan la pérdida de democracia en Venezuela, pero que fueron indultados por el Gobierno de Hugo Chávez por su participación directa en un acontecimiento golpista.

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En la actualidad estas mismas personas promueven la desestabilización convocando a manifestaciones que devienen en violencia en Venezuela. Iguales acciones fueron vistas en el año 2002 con la mayoría de los actores derechistas de ese momento, cumpliendo el mismo plan: manifestaciones violentas, agresiones y ataques, donde el pueblo es el único perjudicado.