La reforma educativa de Chile, que ingresó este martes 5 de julio al Congreso, consolida el negocio de la educación al dejar la puerta abierta al lucro e incumple la promesa de gratuidad universal comprometida por el Gobierno. 

Así lo denunció la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en su cuenta de Twitter donde expuso los motivos por los que se opone a ese proyecto. 

La organización señaló que con esa propuesta se consolida el negocio del magisterio a costa de la educación pública como derecho y se mantiene, vía Crédito Aval del Estado (CAE), el endeudamiento de más de 700 mil estudiantes del país. 

 

3) Chile es uno de los 15 países más desiguales del mundo y una carrera puede costar hasta $5.000.000 (USD 7500 aprox) anual: ¡IRRISORIO!

— Confech (@Confech) 5 de julio de 2016

La Confech agregó que el gasto militar se asegura con la Ley Reservada del Cobre mientras que la gratuidad de la educación dependerá de indicadores económicos inalcanzables. 

Asimismo, señaló que en la actualidad el Estado financia más a universidades privadas que públicas y con la reforma se seguirá "desfinanciando la Educación Pública". 

Denunció que el Gobierno diseñó la Reforma excluyendo de la discusión a estudiantes, rectores, trabajadores y a la misma ciudadanía. 

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Para lograr la gratuidad total es necesario una nueva reforma tributaria porque, de lo contrario, el proceso será muy lento, señaló la confederación. 

El Consejo de Rectores también rechazó que esta reforma no termina con la lógica del subsidio a la demanda y el endeudamiento. 

Ennio Vivaldi, presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de la Universidad de Chile, cuestionó el traspaso de recursos públicos que se hará a planteles privados y lamentó que no se prohíban todas las transacciones entre entidades relacionadas. 

 

En contexto 

Desde 2011 la gratuidad en la educación superior universitaria es una de las principales demandas de los estudiantes que desde 2011 se lanzaron a las calles para reclamar su derecho. 

La iniciativa fue incluida en el programa electoral del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet y se estableció que el 70 por ciento de los estudiantes más pobres podría acceder de forma gratuita a la universidad, sin embargo, este año se recortó la cuota de forma considerable.

Desde el pasado 21 de mayo, el Ejecutivo modificó en más de cinco ocasiones las propuestas de gratuidad, lo que desconcertó a la comunidad estudiantil y generó la convocatoria de más movilizaciones.

El pasado martes, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que no habrá una nueva reforma tributaria para financiar la gratuidad universal en las universidades.

La Confech rechaza la reforma por considerar que está "alejada de las demandas históricas del Movimiento Estudiantil" y deja de lado "reivindicaciones como el fin al lucro, la condonación de la deuda efectiva, la democratización de los planteles educativos, la necesidad de construir una educación pluricultural, por decir algunos”.