En ocasión de celebrarse ayer el Día Internacional del Desaparecido, la alta comisionada en esta materia, Navi Pillay,  pidió en nombre de las familias de las víctimas, verdad y justicia.

La solicitud al Gobierno mexicano es que reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien en su informe más reciente exigió políticas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas.

La ONU recordó también que México no solo cuenta con los desaparecidos de los últimos años, sino con aquellas personas que desaparecieron de manera forzosa en las décadas de 1960, 1970 y 1980 y cuyo paradero todavía se desconoce.

Otras organizaciones civiles se unen en la solicitud de contar con un registro minucioso, detallado y con información genética de todas las personas consideradas desaparecidas.

Las víctimas rechazan los datos del Gobierno y todavía no existe una base de datos nacional y unificada aunque el Congreso aprobó su creación en abril de 2011.

Según el último recuento oficial, poco más de 22 mil 300 personas están sin localizar, 12 mil 532 correspondientes al anterior gobierno (2006-2012) y 9 mil 790 a la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Las cifras ofrecidas por la subprocuradora de Asuntos Jurídicos, Mariana Benítez, no deja claro cuántos de estos desaparecidos están relacionados con acciones del crimen organizado.