En mayo de 2016, la presidenta constitucional Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT) abandonó el palacio presidencial en Brasilia, con la denuncia de haber sufrido un "golpe institucional", ante la aprobación del juicio político contra ella por parte del Senado.

La mandataria, quien había sido reelegida en 2014, había sido suspendida para ser juzgada por el Congreso, por presunta manipulación de las cuentas públicas. El vicepresidente, Michel Temer, asumió interinamente el comando del país y prometió "cambiar radicalmente" el rumbo político de la nación.

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La destitución definitiva se concretó el 31 de agosto de 2016. Al asumir de forma interina, Temer inició reformas estructurales, con el objetivo de completar el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, sus políticas han afectado aspectos como el incremento del desempleo, que trepó a niveles récord (13,7 por ciento) y el sistema de pensiones, que le han restado popularidad y credibilidad ante el pueblo brasileño.

Un año después, ocho de cada diez brasileños consideran que el mandatario hizo menos por Brasil de lo que esperaban, según una encuesta del Instituto Datafolha. Y apenas un nueve por ciento aprueba su gestión.

Acusaciones de corrupción e impopularidad

La Procuraduría General de la República acusó a Temer de integrar una asociación ilícita, corrupción y obstrucción de la Justicia, con base en la grabación de un diálogo entre el mandatario y el dueño del frigorífico JBS.

Igualmente, al menos ocho ministros de Temer están bajo investigación por sospechas de corrupción en el caso Lava Jato, que investiga una masiva red de corrupción en la estatal Petrobras. Casi un tercio del Senado y unos 40 diputados, de prácticamente todos los partidos, también están bajo la mira de la justicia.

Desde el impeachment, "nada cambió. Continúa peor, inclusive. Para mí, todos tendrían que salir del poder y llamar a nuevas elecciones presidenciales", sostiene el taxista Carlos Roberto, de Río de Janeiro.

Sumado a su impopularidad, sus intentos de reformar el mercado laboral y el sistema de pensiones provocaron la primera huelga general ocurrida en Brasil después de 20 años. Asimismo, afrontó protestas durante todo el año y fue abucheado en la inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Ataques al PT

Después de los resultados electorales que reeligieron a la presidenta Rousseff en Brasil, una fuerte polarización marca desde 2015 el escenario político en el país suramericano.

Tanto la jefa de Estado como el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) Lula da Silva enfrentan una campaña de desprestigio por parte de sectores opositores, que los acusan por ser los responsables del fraude masivo en Petrobras.

En este sentido, la clausura del sexto Congreso Nacional del PT, los militantes exigieron el sábado en uno de sus documentos que "cese" la "persecución judicial" a su fundador, Luiz Inácio Lula da Silva, quien es procesado en cinco causas penales.

El pronunciamiento de la formación política se produjo después de que el Ministerio Público de Brasil pidiera prisión para Lula por supuestos cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato.

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En una breve intervención en el citado evento, Lula insistió en su inocencia. "En cualquier lugar del mundo, la justicia precisa tener pruebas para poder juzgar o condenar a alguien. Pero en el Brasil de hoy, es uno el que tiene que demostrar que es inocente", declaró el exmandatario.

Sin embargo, según los últimos sondeos, el pueblo brasileño votaría a Lula, en caso de presentarse como candidato. Pese a las acusaciones que enfrenta por presunta corrupción, el exmandatario, que gobernó de 2003 a 2010, sería votado, según Datafolha, por el 30 por ciento de la población, frente al 15 por ciento cosechado por el segundo candidato, el populista de derecha Jair Bolsonaro.

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