El presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, se desplazó este lunes a Bélgica junto a otros miembros del Govern, luego de que la Fiscalía General del Estado español presentara una querella en su contra por los delitos de rebelión, sedición, malversación y delitos conexos, cargos que conllevan hasta 30 años de cárcel.

El 1 de octubre se celebró un referendo en Cataluña y más del 90 por ciento de los votos fueron a favor de la independencia, con una participación del 43 por ciento. 

El 27 de octubre, el Parlament aprobó, con 72 votos a favor, diez en contra y dos en blanco, una resolución que declara "la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social". Tan solo horas después, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció la aplicación del artículo 155, el cese del Govern al completo, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre.

Tras las querellas presentadas contra los funcionarios, Puigdemont contrató al abogado belga Paul Bekaert, especializado en defender a miembros de la organización separatista armada vasca Euskadi Ta Askatasuna (expresión en euskera traducible al español como "País Vasco y Libertad"), conocida por su sigla ETA.

De acuerdo a Bekaert, Puigdemont lo contrató para que "defienda sus intereses en el futuro".

El viaje también se da horas después de que el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, ofreciera asilo político a Puigdemont, ante la posibilidad de que no tuviera "un juicio justo" en el caso de ser detenido tras la declaración de la independencia catalana.

Algunos medios de comunicación apuntan que los funcionarios podrían solicitar asilo político a Bélgica, aunque Bruselas ni el Gobierno español lo confirman.

Puigdemont comparecerá el martes en Bruselas para explicar los motivos del viaje.

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