El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, confirmó este domingo que la isla incurrirá en el impago parcial de 422 millones de dólares de una deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

"Fue una decisión difícil, que habría preferido no tomar, pero los que tomaron y gastaron esos préstamos no dejaron fuentes de repago", expresó sobre la deuda que involucra a acreedores de Wall Street y fondos buitres.

García firmó un decreto para activar la recién aprobada Ley de moratoria de emergencia y rehabilitación financiera, que le permite tomar medidas extraordinarias en estas circunstancias.

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Su decisión, expuso, está justificada porque, debido a la inacción del Congreso de Estados Unidos, este Estado Libre Asociado (ELA) no cuenta con las herramientas para sobrellevar ese pago y al mismo tiempo asumir los gastos de los servicios esenciales de la ciudadanía.

"Nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia en vista de que el Congreso no ha actuado; una de esas medidas es poner en vigor la Ley 21, la ley de moratoria, (cuyo) propósito es proteger el pago de los servicios básicos a nuestra gente", afirmó.

En contexto

García Padilla ha viajado varias veces a Washington para solicitar al Congreso las herramientas que permitan para reestructurar la deuda que asciende a 70 mil millones de dólares.

Puerto Rico no ha solicitado un rescate financiero sino un proceso de reestructuración para enfrentar la crisis.

Esta nación había incurrido ya en dos impagos con acreedores del país, debido a la insolvencia del BGF, que tiene funciones de banco central, y que en la actualidad solo cuenta con 562 millones de dólares en sus arcas.