Personalidades colombianas manifestaron su respaldo al proceso de paz que adelantan el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) mediante la declaración La paz querida. 

Los 42 firmantes presentaron el texto el pasado martes en la Universidad Nacional de Colombia en un acto que se da días después de la firma del acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo.  

El rector de la institución, Ignacio Mantilla Prada, manifestó que la declaración es el ejemplo de lo que la patria le exigirá a los colombianos en el posacuerdo y destacó que la universidad "está dispuesta a ser interventora de los acuerdos de paz". 

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"La paz, con los adecuados mecanismos de justicia transicional, traerá más justicia a las víctimas y a la sociedad que la continuación del conflicto", destacan en la declaración.

Además, instan al Gobierno a promover la participación efectiva de la sociedad y demandan el compromiso de los empresarios para que no usen prácticas corruptoras y establezcan relaciones económicas equitativas y solidarias. 

Piden a la Fuerza Pública que revise sus doctrinas y procesos operativos para ajustarlos a los nuevos escenarios y así garantizar la seguridad ciudadana, el respeto a los Derechos Humanos y la participación política de los actores sociales. 

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Se comprometen también a promover el debate y la participación de la ciudadanía para la implementación de los acuerdos. 

En contexto: 

La FARC-EP y el Gobierno colombiano firmaron el jueves 23 de junio el acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo; un paso decisivo para poner fin a un conflicto interno de más de 50 años.

Este acuerdo no es el último paso del proceso paz colombiano, pero sí el más importante, porque en él las partes involucradas se comprometen a cesar las operaciones militares ofensivas y dar por terminada la confrontación y uso de las armas en la política.

De acuerdo con lo leído por el garante de Cuba, Rodolfo Benítez, el comunicado conjunto número 76 implica: cese al fuego y dejación de armas; acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo; y acuerdo sobre refrendación.