El exjefe del Consejo de Seguridad de Panamá, Gustavo Pérez, fue detenido este martes por las autoridades para ser interrogado en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) por el caso de espionaje telefónico realizado durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

El Ministerio Público dictó la orden de prisión preventiva contra Pérez, luego de descubrir suficientes pruebas que lo implican en la interceptación ilegal de móviles de partidos políticos, sindicatos, dueños de medios de comunicación, parlamentarios y periodistas, junto con Alejandro Garuz, otro exdirector de seguridad de la gestión de Martinelli, también recluído.

La defensa de Pérez alegó que la detención fue dictada "sin la presencia de sus abogados y además sin suficientes méritos", puesto que los delitos que se le imputan tienen penas mínimas de dos años.

El exjefe policial de inteligencia fue interrogado en la DIJ durante dos horas por el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar. Sin embargo, su defensa insiste en que Pérez debe ser liberado, pues “ha dicho lo que él sabe (...) realmente él no tiene absolutamente nada que ver con la intervención telefónica". 

Ante esta declaración, el fiscal Aguilar aseveró que "hay pruebas contundentes contra los exfuncionarios de Seguridad, que se han podido recabar en las computadoras portátiles que pertenecían al Consejo”. 

El Ministerio Público confirmó el alegato de Aguilar y reiteró que hay relación directa de los exfuncionarios del Consejo de Seguridad que ejecutaron la interceptación ilegal, sin una autorización judicial.

 A Garuz y a Pérez se les vincula con la compra de un equipo de espionaje adquirido en el año 2010 a la empresa israelí MLM, por 13.4 millones de dólares con dinero del Fondo de Inversión Social, ahora Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Un testigo que decidió mantener protegida su identidad dijo a la fiscalía que Pérez, ejerciendo cargos en la administración de Martinelli, adquirió el equipo para interceptar telecomunicaciones y recibió entrenamiento en Israel, pese a que el régimen lo niega.

En 2014, el gobierno del presidente panameño, Juan Carlos Varela, autorizó una investigación administrativa para aclarar el drama de interceptaciones ilegales de comunicaciones telefónicas, y pidió al régimen de Israel detallar información acerca de la compra del equipo. Martinelli, es indagado por las autoridades debido a este tema.