La discusión acerca del aborto en Guatemala se ha reactivado debido a una iniciativa de ley presentada en el Congreso para recrudecer las condenas contra la práctica. La propuesta también contempla la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La iniciativa de ley ha visibilizado una división de opiniones entre los funcionarios del Gobierno. El actual presidente, Jimmy Morales, mostró desde su campaña electoral su rechazo al aborto y al matrimonio homosexual, así como a la legalización del cultivo de marihuana.

“No acepto ninguna de las tres. En el caso del matrimonio de personas del mismo sexo, lo rechazo porque no creo en eso y porque en Guatemala el 97 por ciento de la población tiene un pensamiento ético cristiano. Aprobar una ley así generaría desorden social”, declaró en 2015.

Sin embargo, su vicepresidente, Jafeth Cabrera, opina que en casos específicos sería factible hacer abortos legalmente y no de forma clandestina. El Guttmacher Institute realizó un estudio en 2006 que encontró que al año se registran 65 mil interrupciones de embarazos en condiciones clandestinas y precarias en Guatemala.

Pero la condición de ilegalidad ha dificultado la realización de nuevos informes o investigaciones que aclaren la situación del aborto en el país. Cabrera reconoce que es un problema serio en la sociedad guatemalteca y que existen casos médicos en los que hay debe evaluarse su uso.

Sobre las uniones civiles entre personas del mismo sexo, el vicepresidente argumenta que la libertad individual para unirse se respeta pero no considera necesario el matrimonio. “No amerita estar pensando en matrimonios de esa naturaleza porque en lo personal creo que esa situación no vale la pena”, opina el mandatario.

El texto fue presentado por el Frente de Convergencia Nacional, el partido de gobierno, bajo el nombre de Ley de Prevención a la Vida y la Familia cuenta con el respaldo de la Alianza Evangélica. El aborto ya es ilegal en Guatemala pero la nueva ley incrementaría las condenas de prisión. La mujer que reciba un aborto podría estar de cinco a diez años en prisión y seis a 12 años quien lo practique. Además contempla multas para quienes cooperen y penas especiales para los médicos y profesionales de salud implicados.

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