El Consejo Moral Republicano, órgano rector del Poder Ciudadano de Venezuela, rechazó la pretensión de la Asamblea Nacional de mayoría opositora de designar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por considerarla "una acción que violenta los cimientos de las instituciones democráticas venezolanas".

Con un comunicado leído por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, los representantes del Poder Ciudadano aseguraron que esta medida provendría de un parlamento en desacato, perturba el orden y alienta la intervención extranjera.

Además, consideran que la medida "usurpa funciones de autoridades públicas y legitima la conformación de órganos paralelos a los establecidos por el Estado ocasionando daños irreparables en la República".

Por otra parte, aclaró que los períodos de los magistrados del TSJ no se encuentran vencidos, y la pretensión opositora va en contra del marco legal referido en los artículos 2 y 7 de la Constitución, relativo a los valores supremos del Estado. 

La fiscal general Luisa Ortega dijo que no fue invitada a participar en la elección de los magistrados en diciembre de 2015, lo que constituye uno de los argumentos de la oposición para designar magistrados paralelos inconstitucionalmente. La fiscal no aceptó someterse a la prueba del polígrafo.

Fueron presentadas pruebas que corroboran que la fiscal sí fue participada de la sesión de elección de magistrados, pero ella no asistió.