Representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), Gobierno colombiano y la misión de supervisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), buscan perfilar la hoja de ruta para cumplir con el cronograma determinado en los Acuerdos de Paz, sobre el desarme del grupo insurgente.

Varios medios locales colombianos aseguran que la fecha límite para concluir el procedimiento sigue vigente. Sin embargo, es preciso redefinir los plazos en que transcurrirán las tres fases, debido al retraso en la adecuación de las zonas veredales.

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Estas áreas acogen, aproximadamente, a unos siete mil miembros de las FARC-EP.

Si bien la proyección del procedimiento de desarme cumple los plazos previstos, el calendario podría contar con variaciones debido a temas logísticos, como la llegada de los contenedores (concebidos para almacenar armamento) y la habilitación de los alojamientos de los miembros de las FARC-EP que acudan a las zonas.

Una vez concluido el desarme, el grupo insurgente FARC-EP constituirá su propio partido político en un congreso, programado para finales de mayo.

Sin embargo, debido al retraso del acondicionamiento de las 19 zonas veredales, dispuestas para el reacomodo de los miembros de las FARC-EP, los integrantes del grupo insurgente reclaman el cumplimiento de los tiempos, además de impulsar ellos mismos la construcción de la infraestructura requerida.

El pasado 24 de noviembre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, firmaron el acuerdo con el que asumieron el compromiso del cese de las hostilidades y enfrentamientos entre ambas partes.

La principal medida del acuerdo de paz es el cese del fuego bilateral y el abandono de las armas, proceso que sería supervisado por una delegación gubernamental, otra del grupo insurgente y por una misión política coordinada y financiada por la ONU.