La presentación de una nueva demanda de destitución en el Congreso contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, coloca en la palestra pública el plan en el que el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) trabaja para formar un gobierno sin la actual mandataria, y que sugiere amplios recortes del gasto social. 

Si Rousseff enfrenta un juicio político como pretende la oposición, el líder del PMDB (coalición social del Partido de los Trabajadores, PT) y vicepresidente del país, Michel Temer, asumiría la presidencia con este proyecto de profundos cambios que iniciaría con la merma del programa de viviendas y el "restablecimiento" del equilibrio fiscal. 

La relación entre Dilma y Temer se mantiene tensa desde que la mandataria lo citó para explicara la supuesta "desconfianza que existe entre ellos", que resalta en una carta enviada a su despacho en diciembre de 2015. 

El Gabinete calificó la misiva de estrategia para romper las relaciones políticas y de esa forma el PMDB pueda ser más libre en el proceso de juicio político que la derecha promueve contra de Dilma. 

"Estamos viendo medidas que podrían beneficiar a la población, pero al mismo tiempo lograr un equilibrio fiscal y mantener saneadas las cuentas del Gobierno", dijo Moreira Franco, un exministro de Rousseff, a cargo de armar un paquete de posibles medidas, informó el periódico Estadão', citado por Reuters.

La Orden de Abogados de Brasil (OAB) introducirá este lunes una nueva querella contra Dilma, quien ha advertido de la gestión de golpe de Estado, por el supuesto aumento de gastos sin permiso del Congreso y tapar agujeros presupuestarios con bancos estatales en 2014, año de elección presidencial.

“Nuestra institución, que defiende y practica la democracia, llegó a una decisión cuasi unánime sobre un tema tan delicado”, dijo el presidente del OAB, Claudio Lamachia, al diario O Globo, citado por EFE.

Esta acusación se suma a las 11 registradas por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien es investigado por presuntas implicaciones en actividades de corrupción en la estatal Petrobras, caso examinado por la Comisión de diputados desde el pasado 18 de marzo.

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De acuerdo con los juristas de la OAB, la jefa de Estado brasileña decidió nombrar ministro de la Casa Civil al exmandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, para salvarlo de las investigaciones de corrupción que pesan en su contra. Sin embargo, la dignataria denunció que las acusaciones contra Lula son parte del golpe de Estado contra su Gobierno.

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Rousseff ha dicho que confía en derrotar los intentos de la oposición para derrocarla y que no renunciará como buscan esos sectores, a fin de destruir los logros de los brasileños.

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No obstante, Franco asegura que "hay que enfrentar esto antes de que se convierta en un enorme problema (...) Ellos (el Gobierno) están llevando al Fondo de Garantía do Tiempo de Servicio (FGTS) al límite".

El PMDB considera además reducir el financiamiento de las matrículas universitarias,  la eliminación de exenciones tributarias a algunos sectores industriales e imponer límites a la "Bolsa Familia", un política impulsada por el PT de Rousseff para proteger a las familias de menos recursos.