Parlamento griego aprueba proyecto de referendo de Tsipras
El Parlamento griego aprobó en la madrugada del domingo por mayoría el proyecto de referendo propuesto por el primer ministro Alexis Tsipras para que los ciudadanos decidan el próximo 5 de julio si aceptan la última oferta de acuerdo hecha por los acreedores (Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional).
El órgano legislativo aprobó con 178 votos a favor, 128 votos en contra y dos abstenciones el proyecto de referendo con la pregunta ¿aprueba o no la propuesta que hace la Troika?, informó el corresponsal de teleSUR, Vicent Montagud desde Atenas (capital griega).
El Dato → La propuesta de referendo del gobierno de izquierda requería un mínimo de los 151 diputados de los 300 del parlamento
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, convocó este sábado desde el Parlamento a decir “un gran no” a los acreedores del país en el referendo que se efectuará próximamente.
Tsipras afirmó que "el pueblo griego dirá un gran no al ultimátum pero al mismo tiempo un gran sí a la Europa de la solidaridad". Asimismo, aseveró que no va a "pedir permiso" a los socios para "poder dar la palabra al pueblo", pero al mismo tiempo prometió seguir estando dispuesto a llegar a un acuerdo.
Estas declaraciones las ofreció al final de un debate parlamentario que duró catorce horas en el que se votó la convocatoria de un referendo sobre las medidas propuestas por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
En contexto
El 30 de junio expira la prórroga para el segundo “rescate” a Grecia, por lo que si no hay un acuerdo entre Atenas y sus acreedores, el país deberá hacer frente a un complejo escenario económico. En 2010, la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) concedieron a Grecia un paquete de “rescate” de más de 240 mil millones de euros para solventar su economía.
A cambio de estos “rescates”, los prestamistas obligaron al Ejecutivo anterior a implementar una serie de medidas de austeridad que ahogaron a los griegos: reducción del salario, pensiones mínimas, disminución de la inversión en sanidad, la educación y otros servicios públicos, mientras que aumentaron los impuestos y se eliminaron puestos de trabajo.