Se cumplen tres años de la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 en Curuguaty, una ciudad ubicada al este de Paraguay. A la fecha el caso sigue causando controversia, ante la ausencia de acusados por el asesinato de 11 campesinos que murieron durante un operativo de desalojo.

Ello contrasta con el hecho de que los presuntos victimarios de seis policías muertos en esos acontecimientos sí han sido sometidos al rigor de la ley.

La justicia paraguaya ha acusado a 13 campesinos por la muerte de los agentes, de los cuales sólo han imputado a Rubén Villalba, quien fue condenado a siete años de prisión. Los otros 12 se encuentran bajo arresto domiciliario.

El juicio contra los trabajadores del campo ha sido suspendido en reiteradas oportunidades, sin embargo, fue fijada una nueva fecha para el próximo 22 de junio venidero, cuando comenzará la vista oral.

Familiares y campesinos han denunciado que el Ministerio Público sólo se ha encargado de investigar la muerte de los policías, mientras que sobre los trabajadores del campo impera la impunidad.

El caso es dirigido por el agente fiscal Jalil Rachid, de Curuguaty, y respaldado por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quienes descartaron por completo las acusaciones sobre la ejecución extrajudicial de los campesinos por parte de algunos polícias, luego del tiroteo inicial.

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Familiares recordaron a las víctimas de la masacre de Curuguaty con un acto religioso realizada en un lugar conocido como Marina Kué, próximo a la zona donde se registró la masacre.

Los parientes estuvieron acompañados por representantes de organizaciones sociales, quienes rindieron homenaje con una misa a los 17 caídos en la masacre.