Padres de los 43 estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en la localidad de Iguala (estado Guerrero) en compañía de alumnos de diversas escuelas normales del país y activistas iniciaron una marcha de la Catedral Metropolitana hacia la Basílica de Guadalupe para exigir la presentación con vida de los jóvenes, de quienes se desconoce su paradero desde el 26 de septiembre de 2014.

A 15 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de #Ayotzinapa sus padres demandan esclarecimiento del caso pic.twitter.com/TbEutfTQx5

— Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) diciembre 26, 2015

En entrevista al diario La Jornada, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, afirmó que si el presidente Enrique Peña Nieto “le apuesta al olvido, se equivoca. Por ahí no nos va a vencer”, y confió en que en los próximo cuatro meses el gobierno federal ofrezca respuestas sobre las nuevas líneas de investigación acordadas con el grupo interdisciplinario de expertos que colabora en este proceso.

Inicio marcha por los 43 normalistas de #Ayotzinapa rumbo a la basílica de Guadalupe #Mexico #Ayotzinapa15meses pic.twitter.com/MYhv7tMrmw

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Al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, indicó que se tienen las expectativas de alcanzar resultados antes de que concluya el mes de abril, pues existe el compromiso, dijo, de avanzar en nuevas líneas de investigación para la búsqueda de su paradero y no concentrarse sólo en la teoría de que fueron quemados en el basurero de Cocula.

En contexto

El 27 de septiembre de 2014, un cerco policial ordenó detener un autobús en el que viajaban 43 estudiantes normalistas, quienes fueron detenidos y finalmente entregados a un cártel denominado “Los Rojos”. 

Por el caso fue vinculado directamente el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien ordenó detener a los estudiantes normalistas.  Los familiares y ciudadanos en México en general, critican la lentitud del proceso de investigación y las diferentes versiones que han surgido en torno al caso, de las que se habla de alteración de pruebas y las inconsistencias del destino de los estudiantes, de lo que han considerado un crimen de Estado. 

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