El Alto Comisionado de las Naciones Unidas instó a las autoridades mexicanas a investigar a ocho militares que fueron arrestados por la muerte de 22 personas y son señalados de haber cometido los crímenes a sangre fría.

Mediante un comunicado, el organismo internacional aseguró que el "gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias".

Esta petición la sustenta la declaración de una testigo, cuya identidad fue reservada por motivos de seguridad, que aseguró que entre los muertos está su hija de 15 años, ejecutada a sangre fría en la masacre del 30 de junio en Tlatlaya (a 240 kilómetros de la capital del país).

La ONU aseguró que es necesario "realizar una investigación rápida e independiente sobre esas muertes". La organización además pidió "medidas urgentes de protección" para las únicas tres sobrevivientes: la testigo y otras dos mujeres detenidas por posesión de armas de fuego y crimen organizado.

En contexto

El pasado 30 de junio ocho militares ejecutaron a 22 personas con el pretexto que se trataba de miembros del crimen organizado y perecieron durante un enfrentamiento armado con los uniformados. Sin embargo, testigos afirmaron que las personas fueron ejecutadas a sangre fría a pesar de haberse rendido y que sólo una persona murió en el enfrentamiento, en Tlatlaya, localidad ubicada en Tierra Caliente.

Pese a los constantes casos que salen a la luz sobre abusos de las fuerzas policiales de México, el presidente Enrique Peña Nieto anunció ante la 69° Asamblea General de la ONU que el país que representa se unirá a las misiones de los cascos azules, también llamados soldados de paz.