Un artículo publicado por IPS Noticias revela que la carencia de un reglamento para emplear el aborto terapéutico en Costa Rica, acorrala a las mujeres a depender de la opinión que tengan los médicos para realizar la interrupción del embarazo, dentro del marco legal.

Se trata de un aborto legal cuando lo ejecutan médicos “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”, reza el artículo 121 del Código Penal de Costa Rica, citad. Pero, además detallaron que los expertos solo admiten la práctica del aborto cuando se encuentra en peligro la vida de la madre.

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La representante de la Colectiva por el Derecho a Decidir y abogada Larissa Arroyo en entrevista para IPS Noticias explicó que “el problema es que hay muchas mujeres que cumplen con las condiciones de este artículo, ellas piden el aborto terapéutico y se les niega con el argumento de que no hay riesgo para su vida”, explicó Arroyo. En tanto argumentó que “no es un problema de leyes, sino de interpretación de leyes”.

Igualmente propuso a Costa Rica que admita en este tema la definición de la Organización Mundial de la Salud, que se relaciona con el bienestar físico y mental de los seres humanos.

Ante la amenaza de pagar cárcel por tres años o más por aplicar el procedimiento, los médicos no aceptan la petición de las mujeres embarazadas para interrumpir la gestación. En la nota destacaron que los profesionales le atribuyen la decisión de no llevar a cabo el procedimiento por la Iglesia Católica, u otras situaciones que le impiden llevar a cabo el proceso.

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El ministro de Salud de Costa Rica, Fernando Llorca informó en marzo pasado que “ha surgido el debate sobre la necesidad de desarrollar una norma de aborto terapéutico. La necesidad sí ha surgido y el debate está en el país”. 

La representante de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC), Ligia Picado aseguró que “con la Colectiva y la Caja de Seguro Social trabajamos durante varios años un protocolo, pero las autoridades de la Caja al momento de estar terminado lo remitieron a otra instancia e intervino la opinión personal de funcionarios y funcionarias que pasan más por lo emocional que por lo legal”.

Picado calificó de urgente realizar un protocolo para las mujeres embarazadas “que no tienen  recursos para poder acceder a un servicio médico clandestino”.

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