En entrevista para un medio local en México, los relatores especiales para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, explicaron este domingo que la estrategia de militarizar la seguridad interior en el país "representa riesgos reales para todos, incluidos los periodistas". 

Tras una visita realizada al país entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, en la que se entrevistaron con representantes gubernamentales, más de 250 periodistas y miembros de la sociedad civil señalaron que ésta es una dinámica que no funcionó y que el Gobierno no supo justificar.

En sus declaraciones, los periodistas aseguraron que el mayor daño al periodismo no es el asesinato de un reportero, sino la impunidad que deriva del acto y consideran que México es el país más peligroso de América Latina para ejercer la profesión. 

En su viaje, recorrieron la capital del país, Ciudad de México, y otras localidades como Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas, donde, de acuerdo a su testimonio, la situación de violencia es más crítica que en la capital.

Detallaron los riesgos para la libertad de expresión de los reporteros y los consorcios informativos, quienes son víctimas de la violencia del crimen organizado y funcionarios gubernamentales. 

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Débil institucionalidad

En 2010, esta situación fue diagnosticada por los antecesores de los enviados, Catalina Botero y Frank La Rue, quienes encontraron una situación de alto riesgo para la prensa nacional y una carencia de instituciones para hacer frente a la problemática.

Los representantes internacionales dejaron ver que existen periodistas que "viven en condiciones angustiantes porque no pueden hacer periodismo, que es su profesión, y están con el impacto sicológico y emocional de la violencia". 

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En su travesía percibieron que tienen colegas que "están aterrorizados porque han visto morir o desaparecer a sus compañeros o porque han sido amenazados", lo que ha generado un efecto de autocensura muy fuerte. 

Por otro lado, los especialistas aseveraron que para resolver la crisis de violencia que atraviesa el país, el gobierno debe actuar en función de políticas de Estado y no de decisiones coyunturales adoptadas en función del asesinato de un periodista en particular.

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Por último, agregaron que los periodistas no tienen apoyo por los medios de comunicación.

"No cuentan con condiciones laborales que les permitirían (en medio de amenazas) ser reubicados y seguir trabajando en ese medio. Muy seguido los reporteros bajo amenaza pierden sus trabajos y otras empresas mediáticas tampoco los contratan".