La Corte Suprema de Justicia de México aprobó este miércoles un amparo que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) a abrir investigaciones de matanzas de migrantes extranjeros ocurridas entre 2010 y 2011 en la localidad de San Fernando, Tamaulipas (este).

La matanza ocurrió en agosto en 2010. 58 hombres y 14 mujeres de Guatemala, El Salvador y Brasil fueron asesinados por presuntos miembros del cártel de los Zetas en San Fernando. Las autoridades encontraron sus restos en 2011 en varias fosas con decenas de cuerpos más.

Familiares de las víctimas han solicitado durante años a la Fiscalía ordenar las averiguaciones, así como el acceso al expediente de las matanzas desde hace más de cinco años.

Las salvadoreñas Bertilia Parada, madre de Carlos Osorio, y Alma Yesenia Releageño, hermana de Manuel Antonio, uno de los muertos, tienen el derecho a ser tratadas como víctimas. Están amparas y autorizadas para sacar copiar y hacer peritajes sobre los hechos. 

“Este amparo servirá para saber la verdad, para que se haga justicia. Que haya reparación para todos”, dijo Parada a los medios de comunicación, al salir de la Primera Sala, de acuerdo a la web de Sin Embargo.

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Además reconocen su derecho a la reparación del daño, pero la Corte rechazó su petición de negar la cremación de los restos de sus familiares y no aceptó reconocer como víctima a miembros de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, representante legal de las mujeres.

Tampoco aceptó que se tipifique la matanza de los centroamericanos en San Fernando como un delito contra la humanidad.

Amnistía Internacional sostuvo en un comunicado que la falta de avances en la investigación la matanza de San Fernando es otra muestra "de la negligente respuesta del Gobierno mexicano a la profunda crisis de derechos humanos que vive el país". 

Los familiares de las víctimas reclaman que las pesquisas realizadas han sido insuficientes y el Estado no garantiza su derecho a la verdad, aunado a las fallas en el proceso de identificación y entrega de restos.

 Desde la desparación de de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, las autoridades han encontrado restos humanos en más de 100 fosas clandestinas, muchos de ellos problablemente de centroamericanos que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

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La PGR aún no ha dado respuesta los familiares de estos jóvenes que desaparecieron en Iguala, Guerrero (sur) tras la represión de la policía local, que supuestamente los entregó a la banda criminal “Guerreros Unidos”. Hasta la fecha solo se han encontrado los restos de dos estudiantes. 

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