El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aprobó por decreto de “necesidad y urgencia”, la suspensión del Código Procesal Penal en ese país, lo que implica que las investigaciones se harán a través de la Comisión Bicameral de Montero a partir del próximo 1 de marzo. 

Macri obliga de esta forma que sean los fiscales quienes encabecen las investigaciones y que los jueces solo operen como garantes de los procesos judiciales.

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De acuerdo al nuevo decreto, se destinarían mayores recursos el Ministerio Público Fiscal que estará integrado por representantes de esa cartera, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo código y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destacó Télam. 

EL DATO

Esto sería una medida de presión contra la Procuraduría argentina y quien encabeza dicho organismo, Alejandra Gils Carbó, para que cese sus funciones dentro del mismo. 

El decreto 257/2015 conlleva a suspender las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras.

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Por otra parte, el mandatario argentino ordenó bajo decreto que sea la Corte Suprema de la Justicia de su país, la que quede a cargo de la investigación de escuchas telefónicas, a través del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom), dejando sin efecto las funciones que ejercía la Procuraduría. 

Para ello, se designará a un juez penal por sorteo, con duración de un año en su cargo quien encabece la investigación de las escuchas. 

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