El gobierno de Mauricio Macri prevé quitar casi un 50 por ciento de sus fondos al programa que aseguraba a sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad el acompañamiento jurídico para querellar en causas y juicios.

La medida está enmarcada en el proyecto de ley de presupuesto para el 2017. 

El ministerio de Justicia argentino es el ente encargado del área de los derechos humanos del país suramericano, que recibirá menos dinero que el otorgado durante este 2016.

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Esta reestructuración afectará a la Secretaría de Derechos Humanos en su totalidad quienes, además, deberán arreglárselas con un presupuesto de 15 por ciento menor en términos nominales al que le fue destinado durante este año.

“Conocemos lo que estamos hablando y es muy preocupante lo que ocurrirá si se aprueba un presupuesto de estas características porque confirma el desfinanciamiento de las políticas públicas. Esto es menos derechos, menos información, menos promoción”, opinó el integrante de la organización de derechos humanos Hijos, Agustín Cetrangolo.

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Los viáticos también serán recortados casi un 80 por ciento, mientras que los recursos con los que cuenta la oficina Anticorrupción para viajar por el país y alrededores crecieron más del 200 por ciento entre un año y otro.

Cetrangolo explicó que “si no hay presupuesto para viajes no hay manera de llegar a las provincias y localidades fuera de la ciudad de Buenos Aires con asistencia para juicios, con asistencia para testigos en los juicios ni con la aplicación de cualquier otro programa. Tampoco planean por lo visto destinar dinero para sostener los sitios de la memoria. La política es de clara desfederalización de la promoción y protección de los derechos humanos".