El presidente argentino Mauricio Macri firmó hace una semana dos decretos que tienen como fin dirimir los conflictos de intereses que surjan entre una empresa y el Estado.

Los decretos que buscan modificar la Ley de Ética Pública surgieron como respuesta a la polémica generada por los casos Correo Argentino y la empresa Avianca, empresas vinculadas a la familia Macri que tuvieron contratos con el Estado.

Sectores de la oposición y de la sociedad civil denuncian que los decretos buscan dejar atrás los escándalos, además de ser catalogados de ser un “parche” que se montan sobre la Ley de Ética Pública en lugar de modificar la norma.

¿En qué se basan los decretos?

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Los decretos presidenciales establecen un sistema de control y consultas de manera preventiva para regular los conflictos de interés en las contrataciones públicas a través de tres organismos: la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Procuración del Tesoro.

Una vez identificado un reclamo contra el Estado en el que estén involucrados el jefe del Estado o el vicepresidente, el problema será enviado a la Casa Rosada, y de allí irá a consulta a la Procuración, la OA y la Sigen.

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El escándalo de Correo Argentino implicaba una condonación de la deuda que la empresa administrada por el Grupo Macri mantenía con el Estado desde 2001, unos 70 mil millones de pesos argentinos (4 millones 465 mil dólares).

Ante la duda de “transparencia” de su gestión, y el conflicto de interés que lo rodea, Macri firmó los decretos.

A este escándalo se le suma también la a distribución de rutas aéreas a favor de empresas vinculadas al Presidente, y el perdón a la deuda de Avianca, la aerolínea que le pertenecía a la familia Macri.

Los decretos buscan solucionar los “errores" de Macri

Una de las críticas principales a la medida fue el hecho de que el Poder Ejecutivo no cuenta con facultades para dictar decretos en esa materia.

Los diputados de la oposición, Guillermo Carmona y Pablo Kosiner, señalan que cualquier reforma a la ley de Ética debe ser tratada en el Congreso y no puede ser reformada a través de un decreto.

Carmona afirmó que el Gobierno “no puede regularse a sí mismo" y pidió que se efectúe "las gestiones para que el Poder Ejecutivo se abstenga de emitir esos decretos, ya que la reforma de la ley es una facultad exclusiva del Congreso".

En este mismo sentido, Kosiner afirmó que "debe hacerse por medio de una ley del Congreso porque el Gobierno no puede legislar y emitir un decreto simple proponiendo una reforma de la ley de Ética".

Asimismo, expertos y legisladores criticaron sobre la falta de autonomía de los órganos de control, ya que dependen del Poder Ejecutivo asi como la imprecisión de los métodos de control de contrataciones.

Por otra parte, desde la coalición política oficialista Cambiemos acordaron una estrategia “más completa” para corregir los “errores” en la gestión de Macri con los cuales benefició a empresas de su grupo familiar.

Los diputados oficialistas Karina Banfi y Mario Negri presentaron un proyecto "complementario” que extiende la regulación de los conflictos de interés a los poderes Judicial y Legislativo, cuyos funcionarios están obligados a presentar sus declaraciones juradas.

El proyecto propone que “también habrá conflicto de interés en las situaciones cuando se trate de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente, así como acreedores y deudores de los sujetos alcanzados”.

De esta forma Cambiemos busca "limpiar" la imagen del gobierno de Macri, luego de ser ampliamente criticado por favorecer a sus empresas.