Los lobistas estadounidenses son los únicos que sonríen actualmente ante la crisis de Puerto Rico, pues han recibido cuantiosas sumas de dinero por parte del Gobierno de Alejandro García Padilla.

Según cifras oficiales, el Gobernador ha otorgado hasta 125 millones de dólares a consultores y lobistas norteamericanos en los últimos cuatro años.

Lea también: Puerto Rico, la colonia económica de EE.UU.

Con una deuda que asciende a los 73 mil millones de dólares, el hecho ha causado controversia en los puertorriqueños, principalmente en la oposición.

Los acuerdos con estas empresas tienen ramificaciones en casi todas las áreas del Estado y abarcan, entre otros, el sistema educativo, la reestructuración de la deuda pública, las emisiones de bonos y la Autoridad de Energía Eléctrica, la corporación pública más grande de Puerto Rico.

También los sindicatos han alzado su voz contra el Gobierno por dilapidar los escasos fondos públicos en empresas de lobby estadounidenses y han denunciado que estas acciones responden a las presiones de Wall Street y empresas multinacionales cuyas políticas neoliberales van en contra de los obreros y las clases más pobres del país.

Mientras la prensa local calificó a estas adjudicaciones como una “lluvia de contratos”, funcionarios de gobierno las justificaron alegando que Puerto Rico no contaba con los especialistas apropiados. Muchos en la isla se preguntan ahora cuán correcta es esta afirmación tras los deficitarios resultados que se observan en todas las áreas donde intervinieron estos lobbies.

En contexto