El 10 de diciembre de 2006 falleció en la ciudad de Santiago de Chile, el exdictador chileno Augusto Pinochet a los 91 años de edad, el militar protagonizo uno de los episodios más oscuros y terribles de Chile.

Al cumplirse una década de su muerte la herencia política de Pinochet sigue presente en la actualidad chilena debido a que la Carta Magna y leyes vigentes en la nación sudamericana fueron promulgadas durante la dictadura.

A pesar de las protestas y demandas sociales que llaman a una reforma constitucional, la clase política de Chile se niega a cambiar la constitución, situación que devela la complicidad entre las elites políticas, económicas e industriales que se beneficiaron de la dictadura pinochetista.

Reforma Constitucional

Una de las grandes promesas de la presidente chilena Michelle Bachelet durante su campaña para optar por segunda vez a la presidencia en las elecciones de 2013 fue la creación de una nueva Constitución. 

La actual constitución de Chile entró en vigencia en 1981 durante la  dictadura de Augusto Pinochet, mediante la cual el dictador aseguró el papel tutelar de las Fuerzas Armadas, consolidó y legitimó el régimen militar, así como un nuevo orden social y económico neoliberal. 

“La Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría, por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía", precisó la mandataria Bachelet en cadena nacional al anunciar el inicio del proceso de modificación a la carta magna.

Bachelet explicó que la reforma constaría de tres etapas, la primera estaría enfocada en educar a la ciudadanía en “temas cívico-constitucionales”. La segunda etapa, consistiría en  la celebración de diálogos ciudadanos con el objeto de recoger la diversidad de voces de la población chilena. 

La última se centrará en “la síntesis nacional” de los diálogos ciudadanos, los cuales serán recogidos en un documento que posteriormente se entregará a la presidenta y con base en ello se formulará un proyecto de nueva constitución.

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Una vez listo el proyecto de ley, ingresaría al Congreso Nacional de Chile en el segundo semestre de 2017, de ser aprobado en el Congreso se procedería a definir el mecanismo para una nueva constitución. Las opciones serán: una Asamblea Constituyente, una Convención Constituyente mixta (parlamentarios y sociedad civil), o una Comisión Bicameral (senadores y diputados).

Leyes de Pinochet

No solo la vigencia de la  constitución de Augusto Pinochet es prueba de que los llamados gobiernos democráticos chilenos han avanzado poco en sustituir leyes y normas de la dictadura.

En julio del 2015 cuando se celebraban 25 años de la llegada de la democracia al país, medios chilenos revelaron que alrededor de 150 leyes dictadas por el exdictador seguían vigentes.

Del total de legislaciones  calificadas de secretas la  mayoría se refieren a modificaciones a la planta de las Fuerzas Armadas y de Orden (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones).

Entre el resto hay algunas que modifican la Ley del Cobre, la Ley sobre Movilización Nacional, más otras que tratan sobre fondos para el ministerio de Defensa o para reparticiones del área.

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Asimismo, hay varias autorizaciones para que el dictador Augusto Pinochet, pidiese multimillonarios préstamos. Los recursos derivados de esos créditos los podía destinar él como estimase conveniente.

Repudio a las leyes de Pinochet

En el artículo publicado por teleSUR  “2015: un buen año para Chile” de Pedro Santander sostiene que el establishment chileno ha protagonizado una transición política postdictatorial, caracterizada, por la consolidación y profundización extrema del neoliberalismo.

Santader indica que los políticos que prometieron romper con las leyes y formas de la dictadura las han prolongado y añadió que las movilizaciones sociales del 2011 protagonizadas pusieron en agenda temas como la privatización de la educación, el tema medioambiental y el hecho de la vigencia de la Constitución de 1981.

En cuanto a la reforma constitucional, Santader sostenía que la clase política que se ha beneficiado de la dictadura quieren diseñar la nueva Carta Magna apropiándose del debate constituyente que ha comenzado en Chile tratando de relegar a la ciudadanía a un segundo plano. 

En entrevista para teleSUR el analista Pablo Jofre criticó que la reforma constitucional quede “en manos de los parlamentarios, un grupo que está absolutamente disminuido de su caudal político, ético y moral”.

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“Más que terminar con una herencia de la dictadura, lo que se está haciendo es prolongar la agonía de una Constitución que tiene que ser modificada”, apuntó Jofre.

“El país necesita urgentemente un cambio constitucional que rija su sistema político, pero también el modelo que ha sido impuesto desde la dictadura” sentenció Jofre Vidal.