El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, defendió las acciones que ha tomado su gobierno en relación al acuerdo de paz firmado en 2016.

Desde la Casa de Nariño, sede del gobierno, el mandatario mencionó los elementos que, según él, confirman los avances en el proceso de la construcción de una paz "estable y duradera" en el país. 

Como primer punto, Santos aseguró que su Gobierno ha "priorizado" obras e inversiones en cientos de territorios locales, con proyectos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Aseguró que se han definidos planes de trabajo y de inversión de miles de dólares para mejorar las redes de infraestructura 

El jefe de Estado también resaltó la labor que el gobierno ha realizado en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y en el programa de desminado.

Aseveró que "se han restituido 219.800 hectáreas de tierra a más de 31.000 personas e invertido 67 mil millones de dólares en proyectos productivos" y se han limpiado 175 municipios de los 643 que registran minas. Afirmó, además, que "antes del fin de mi gobierno, habremos limpiado el 50 por ciento de todo el territorio". 

El mandatario también hizo referencia a la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos de coca, sobre el que detalló que se han generado acuerdos con 35.000 familias por sustitución voluntaria y se han erradicado forzadamente 41.000 hectáreas, "lo que supone más del 80 por ciento de la meta de también 50.000 hectáreas".

Por último, Juan Manuel Santos habló del marco jurídico y legal "necesario para la paz" que se ha construido en el país. Informó que, a pesar de las dificultades enfrentadas en el tema, hasta la fecha van 5 reformas constitucionales, 38 decretos ley, cuatro leyes en el congreso y 45 decretos ordinarios.

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¿Construcción de la paz?

Según testimonio de Eduardo Sogamoso, integrante de la organización popular colombiana Trochando Sin Fronteras, el acuerdo de paz firmando entre Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, genera dudas en la población.

En declaraciones a la agencia Latinoamericana de Información (ALAI), el activista afirmó que a pesar de estas negociaciones, la violencia continúa en la mayor parte del país, donde la mayor parte de los ciudadanos no tienen condiciones mínimas de bienestar, mientras que solo cuantas familias "acumulan capital y sirven de puente para que las multinacionales se apropien de los recursos naturales y de la riqueza social". Esa es la causa del conflicto social, político y armado que vive el país desde hace más de 53 años, aseguró Sogamoso.

Sostiene que los últimos escenarios violentos ocurridos en las regiones periféricas y rurales del país, como lo fue el caso de la masacre en Tumaco, tienen relación con la estructura paramilitar que vive dentro del Estado y que mantiene nexos con altos funcionarios públicos, civiles, militares y policiales. 

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El dirigente condenó que mientras es vendida internacionalmente una idea del fin del conflicto armado en el país, las comunidades aún se movilizan para exigir cosas tan elementales como acueducto, alcantarillado, escuelas, colegios, hospitales o carreteras, mientras que la corrupción, el asesinato sistemático y la judicialización de líderes sociales, hablan de las verdaderas intenciones de paz del sistema.